MEXICALI, Baja California.- Durante una comparecencia ante el Congreso del Estado, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, cuestionó a la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, sobre el presunto uso de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en tareas de escolta privada para empresarios y figuras públicas que visitan el estado. La legisladora expresó preocupación por la aparente desviación de recursos humanos destinados a la investigación de delitos graves y de alto impacto en la región.
Hinojosa Gilvaja manifestó que, ante el notable rezago en investigaciones de crímenes en la entidad, resulta cuestionable que agentes especializados en investigación criminal sean empleados para brindar seguridad a particulares, en lugar de enfocarse en su misión fundamental. Según la diputada, esta situación es inaceptable, especialmente considerando que los supuestos beneficiarios de esta escolta privada son individuos con recursos económicos suficientes para costear sus propias medidas de protección.
Falta de recursos de seguridad para tareas prioritarias
La diputada hizo énfasis en la problemática de seguridad pública en Baja California, donde las tasas de criminalidad y la incidencia de delitos de alto impacto han aumentado en los últimos años. Según datos estatales, muchas investigaciones quedan inconclusas o no avanzan a un ritmo adecuado, lo que ha generado una percepción de impunidad y desconfianza en el sistema judicial entre la ciudadanía. «Es inconcebible que, teniendo tantos casos sin resolver y un déficit de personal en tareas de investigación, tengamos a nuestros agentes asignados a actividades que no les corresponden», declaró Hinojosa.
Además, planteó una serie de preguntas directas a la fiscal: «¿Cuántos agentes están dedicados actualmente a labores de escolta? ¿Bajo qué argumentos se justifican estas asignaciones, cuando la prioridad debería ser la seguridad y justicia para la ciudadanía?». También añadió que, si bien las personas con altos recursos tienen el derecho de buscar protección privada, no debería ser a costa de recursos públicos.
Respuesta de la fiscal María Elena Andrade Ramírez
Al ser cuestionada, la fiscal María Elena Andrade Ramírez afirmó desconocer que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) estuvieran dedicados a la protección de particulares. Andrade señaló que había tomado conocimiento de estas denuncias a través de los medios de comunicación y que ya estaba tomando medidas para esclarecer la situación. «Desde que asumí el cargo, he estado analizando con detenimiento varios temas, pero es una prioridad atender estos señalamientos», afirmó la fiscal.
Según Andrade, un día antes de la comparecencia, leyó una nota periodística que mencionaba que agentes de la AEI, en particular del área de secuestros, habrían sido comisionados para brindar escolta privada. Este informe la llevó a convocar a una reunión de emergencia con el titular de la policía de investigación y con los comandantes de la agencia para solicitar una explicación y exigirles que eviten este tipo de prácticas, si es que existen.
«Yo personalmente le entregué esta información al comisionado de la Agencia Estatal de Investigación, para que verifique que sus elementos no estén involucrados en estas tareas», declaró Andrade. También añadió que, aunque no tenía evidencia que confirmara estos señalamientos, la alerta generada por los medios fue suficiente para poner en marcha una revisión exhaustiva de los recursos humanos destinados a la agencia.
Investigación interna y medidas preventivas
Durante la comparecencia, la fiscal Andrade Ramírez afirmó que, para esclarecer estos hechos, se están implementando revisiones internas y reuniones con los altos mandos de la AEI. Asimismo, aseguró que solicitó a sus comandantes que mantengan a sus agentes en sus labores asignadas, particularmente en áreas donde la carga de trabajo es alta debido a los casos de secuestro, homicidio y otros delitos graves que requieren atención especializada.
La fiscal explicó que su administración seguirá revisando de cerca el trabajo de los agentes de investigación para asegurar que estos se concentren en sus funciones prioritarias. Agregó que se encuentra abierta a recibir denuncias adicionales o pruebas que indiquen si se están llevando a cabo actividades de protección privada con recursos del estado, ya que, según comentó, “la ciudadanía merece saber que sus recursos se están usando correctamente y que la seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad».
Reacciones y contexto en Baja California
La intervención de la diputada Hinojosa y la respuesta de la fiscal reflejan un creciente descontento en el estado respecto a la gestión de recursos para la seguridad pública. En Baja California, la crisis de seguridad es un tema constante, y los casos de violencia y criminalidad han llevado a legisladores y ciudadanos a exigir más transparencia y efectividad de las autoridades.
Las declaraciones de la fiscal Andrade en las que se deslindó del problema fueron recibidas con escepticismo por algunos de los legisladores presentes. La diputada Hinojosa enfatizó la importancia de que los recursos públicos y la labor de los agentes estén destinados exclusivamente al cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía, y advirtió que seguirá insistiendo en este tema hasta tener una resolución clara.
