Comisión Ambiental de la Regiópolis
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La nueva Constitución Política de Nuevo León, publicada el 1 de octubre del 2022, ratificó el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo.
En su Artículo 44 estipula que el Estado adoptará las medidas necesarias para la protección y la preservación del medio ambiente y la restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Dispone que los poderes del Estado, en forma coordinada y solidaria con la ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos naturales, así como su aprovechamiento sustentable, mediante el respeto a la integridad funcional y a las capacidades de carga de los ecosistemas de los que formen parte dichos recursos y por períodos definidos para proteger y mejorar la calidad de vida, tanto para defender como restaurar el medio ambiente.
Todos los anteriores objetivos son de orden superior, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
El derecho a la protección y a la preservación de la naturaleza debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de su competencia, promoviendo para ello siempre la participación de la ciudadanía.
Como parte del medio ambiente sano, la nueva Constitución establece el derecho al aire limpio para los habitantes de Nuevo León y dispone que la ley determinará el alcance del ejercicio de este derecho, sobre lo cual se determinó de manera concreta la creación de la Agencia Estatal para la Calidad del Aire como organismo público descentralizado.
Es preciso recordar que la iniciativa de reforma constitucional para crear dicho organismo, fue presentada en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, donde tuve la responsabilidad de participar como diputada del Partido del Trabajo. El dictamen de la reforma fue admitido a discusión (primera vuelta) el 18 de diciembre del 2019. Sin embargo, se “congeló” debido a la llamada “guerra del veto contra el voto” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Recordar también que la iniciativa fue suscrita por 35 organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, con el propósito de que la vigilancia y el cuidado a la calidad del aire fuera a través de un organismo autónomo especializado con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con autonomía presupuestal, técnica y de gestión.
Hace cuatro años la poderosa razón que tuvimos para admitir a discusión dicha iniciativa, fue que durante los gobiernos de Fernando Canales, Natividad González, Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez, los habitantes de la Metrópoli respiramos partículas contaminantes PM10 y PM2.5 por encima de la norma durante más de 200 días de cada año, desde 1999 al 2019.
Es decir, a lo largo de 20 años rebasamos los 100 puntos IMECAS (Índice Metropolitano de Calidad del Aire) durante más de 200 de los 365 días de cada año, en perjuicio de la salud principalmente de la niñez, las embarazadas, las personas adultas mayores y las personas con capacidades diferentes.
Lo sorprendente es que hasta la semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente replanteó la necesidad de crear la Agencia Estatal para la Calidad del Aire. Pero, ahora con el nombre de Comisión Ambiental Metropolitana, mediante un llamado al nuevo gobierno federal que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum y a los alcaldes electos del área conurbada, para ser parte de este organismo similar al que opera en la Ciudad de México.
Se trata de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, constituida en el 2013 mediante Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con la prioridad del mejorar el aire y prevenir el cambio climático en una región que abarca 16 alcaldías y 224 municipios.
Si dicha Comisión se consolidó en pocos años como una plataforma de gobernanza ambiental y de buenas prácticas sustentables urbano-regionales, reiteramos nuestra convicción de garantizar el derecho humano a respirar aire limpio, mediante un organismo público responsable de resolver este problema al 100% y en forma integral, con recursos suficientes, con tecnología de avanzada y un equipo de especialistas capaces e innovadores.
¡Urge ya la Comisión Ambiental de la Regiópolis!
