MEXICALI, Baja California. La diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, del Partido del Trabajo (PT), acusó al Gobierno del Estado de incurrir en una grave omisión al no solicitar la declaratoria de zona de desastre para las colonias Camino Verde y Lomas Conjunto Residencial de Tijuana, afectadas por derrumbes debido a movimientos de tierra. Esta situación, que dejó a decenas de familias damnificadas, habría sido provocada por fallas en el sistema de agua, responsabilidad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), según las autoridades.
En su calidad de presidenta de la Comisión de Vivienda y Reordenamiento Territorial del Congreso local, Yohana GIlvaja encabezó una sesión donde compareció el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo. La legisladora cuestionó directamente las acciones del gobierno estatal frente a este desastre y los esfuerzos para mitigar los daños a las familias afectadas.
Subsidios insuficientes y falta de acciones claras
Durante la comparecencia, Espinoza Jaramillo informó que el gobierno federal proporcionó subsidios para apoyar a 134 familias damnificadas, de las cuales 90 aún están en proceso de contratar servicios básicos como agua y electricidad en el fraccionamiento Vista Horizonte. No obstante, el funcionario reconoció que las áreas afectadas por los derrumbes no son recuperables y subrayó la necesidad de reubicar a las familias, una medida que aún no cuenta con un plan claro de ejecución.
El titular de SIDURT también señaló que se propuso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que, en lugar de entregar subsidios de 450 mil pesos para la construcción de nuevas viviendas, se opte por reubicar a las familias en casas ya existentes. Esta alternativa, según explicó, podría resultar más viable dado que el costo de construir nuevas viviendas supera el millón de pesos por unidad.
Críticas al presupuesto del FIARUM
Además de señalar la falta de declaratoria de desastre, la diputada Yohana Gilvaja cuestionó el presupuesto asignado al Fideicomiso para la Administración de la Autopista Centinela-La Rumorosa (FIARUM). Con un monto de 290 millones de pesos, la legisladora calificó este gasto como excesivo, destacando que no se observa una mejora tangible en las obras de dicho tramo carretero.
Hinojosa sugirió que una parte de estos recursos podría redirigirse a dependencias encargadas de atender emergencias y problemas de vivienda en zonas vulnerables. «Es inaceptable que mientras hay familias que han perdido todo, se destinen recursos exorbitantes a proyectos que no están ofreciendo resultados claros», afirmó la legisladora.
Declaratoria de desastre, una medida necesaria
La falta de una declaratoria oficial de zona de desastre ha generado preocupación entre los legisladores y los ciudadanos afectados, ya que esta medida permitiría acceder a recursos adicionales del gobierno federal para atender la crisis. Yohana Gilvaja subrayó que esta acción debería ser prioritaria, considerando que los deslizamientos de tierra han puesto en riesgo la vida de decenas de familias y que las soluciones actuales no son suficientes para atender sus necesidades.
Espinoza Jaramillo admitió que el tema debe ser revisado con mayor profundidad. Destacó que los daños en el sistema de agua en las zonas afectadas son significativos y que, por ahora, se ha optado por tratar los casos de manera individual. Sin embargo, reconoció que el proceso de reubicación y apoyo a los damnificados ha sido lento y requiere de mayor coordinación entre las autoridades estatales y federales.
Un llamado a priorizar a los damnificados
Yohana Gilvaja cerró su intervención reiterando la urgencia de actuar con responsabilidad y empatía hacia las familias que han perdido sus hogares. La diputada insistió en que el Gobierno del Estado debe ser transparente en el uso de los recursos y priorizar a quienes enfrentan situaciones de emergencia.
“Es fundamental que las autoridades estatales dejen de postergar decisiones importantes como la declaratoria de desastre. No podemos permitir que los damnificados sigan esperando una solución mientras los recursos públicos se asignan a proyectos menos urgentes”, concluyó Hinojosa.
