Lupita Rodríguez
La contaminación por cualquier de plomo en la sangre, según estudio del Instituto Nacional de Salud Pública en 2021, es dañino para la salud, siendo más vulnerables menores de edad y embarazadas, cuyo riesgo es procrear con malformaciones, afectaciones al neuro-desarrollo y al sistema nervioso y menor crecimiento en peso y talla, así como problemas en el aprendizaje, conductas agresivas y violentas, que en algunos casos pueden presentar paladar hendido, labio leporino, defectos en el tubo neural y alteraciones neuro-divergentes, tal como autismo, déficit de atención e hiperactividad y trastornos auditivos.
En noviembre del año pasado, durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, expusimos ante la secretaria de Salud, la doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla y el secretario de Medio Ambiente, el doctor Alfonso Martínez Muñoz, que en Nuevo León el 9.9 por ciento de la población infantil de 1 a 4 años de edad, más de 38 mil niñas y niños, tienen niveles de plomo en la sangre por encima de la Norma Oficial Mexicana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022).
Al respecto, la titular de Salud reconoció la intoxicación por plomo entre la niñez y dio a conocer que desarrolla un modelo para disminuir dicho riesgo, mientras que el titular de Medio Ambiente aclaró que el tema es federal, pero planteó hacer un estudio epidemiológico para ubicar en qué sector de la zona metropolitana están concentrados dichos niños y niñas.
Por lo anterior y recordando que hace 26 años, autoridades mexicanas y grupos ambientalistas de la región fronteriza lograron -me incluyo- que el gobierno norteamericano desistiera instalar un confinamiento de residuos peligrosos en el poblado de Sierra Blanca, Texas, a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua, gesta que impidió una amenaza a la salud pública y al medio ambiente, lo cual debe motivarnos a retomar la lucha para que México no sea traspatio de basura tóxica de Estados Unidos, con el fin de evitar que empresas como Zinc Nacional sigan importando toneladas de desechos tóxicos, la semana pasada propusimos ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el voto unánime:
Primero.- Al Gobernador del Estado, para establecer una mesa de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Protección Civil y otros organismos, para atender los impactos a la salud y al medio ambiente generados por Zinc Nacional, con la integración de grupos ambientalistas, vecinos, académicos, expertos y representantes de instituciones educativas de las colonias afectadas.
Segundo.- Al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, para realizar estudios integrales del aire, suelo y agua alrededor Zinc de Nacional, con base en la NOM-147SEMARNAT/SSA1-2004 y en la NOM-199-SSA1-2000, así como monitoreos constantes para prevenir riesgos ambientales y pérdidas de vidas.
Tercero.- A la Titular de la Secretaría de Salud, para aplicar pruebas médicas gratuitas, a efecto de detectar intoxicación por plomo, arsénico y cadmio, con prioridad en niñas, niños, embarazadas, adultos mayores, grupos vulnerables y, en caso de existir vinculación, brindar tratamientos médicos. Asimismo, instruir a la Sub-secretaría de Regulación y Fomento Sanitario para realizar campañas informativas de prevención de riesgos por exposición a metales pesados.
Cuarto.- A la Procuraduría Federal al Ambiente, para que ordene una revisión exhaustiva sobre los permisos otorgados a Zinc Nacional y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de salud pública y, en caso de no cumplir, sean reubicada como industria peligrosa fuera de la Metrópoli.
Quinto.- Al Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, para llevar a cabo una acción coordinada e inmediata con todas las autoridades involucradas y gire instrucciones al Director de Protección Civil Municipal a emitir un diagnóstico exhaustivo sobre los posibles escenarios de emergencia para la población y, en su caso, se implemente de manera urgente un protocolo de atención y mitigación de riesgos ambientales en la zona de afectación.
Sexto.- A la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que investigue presuntas violaciones a los derechos humanos de la salud y a un ambiente sano para la comunidad afectada.
Séptimo.- Al Congreso del Estado para organizar una Mesa de Trabajo, donde se invite al Ingeniero Bioquímico Martín Soto Jiménez, investigador y toxicólogo del Instituto de Ciencias de la UNAM, a efecto de que explique la metodología y los resultados de la investigación sobre Zinc Nacional, difundida por The Guardian, Quinto Elemento Lab y medios de prensa local.
