- Alarmante la profunda corrupción que permea la administración estatal de Oaxaca: dip. Reginaldo Sandoval
- Hay una evidente colusión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal en detrimento de derechos laborales: dip. Margarita García
La diputada federal Margarita García García y el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reginaldo Sandoval Flores, expresaron su profunda preocupación ante la corrupción que ha permeado en la administración estatal del gobierno de Oaxaca, la cual ha alcanzado incluso al sistema de justicia estatal en esta entidad. En este contexto, ambos políticos coincidieron en que es inaceptable que los tribunales estatales fallen en detrimento de los derechos laborales de la población oaxaqueña.
Recordaron que en una reciente sesión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, el magistrado Jaime Allier Campuzano tomó la decisión que favorece al Poder Ejecutivo del estado, desechando un recurso de queja que era fundamental para la defensa de los derechos laborales. Denunciaron que esta acción no sólo contraviene criterios establecidos por la propia sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que evidencia una alarmante colusión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal.
“La situación se torna aún más grave al revelarse que Allier Campuzano ha sido señalado por sus propios colaboradores como alguien que busca utilizar su posición para asegurar un ascenso a la SCJN, a cambio de favorecer los intereses del gobierno “jarista”. Esta ambición personal ha llevado al magistrado a cambiar su criterio legal, contradiciendo una resolución previa que defendía los derechos de los trabajadores oaxaqueños” afirmó la legisladora petista.
Ante este panorama, la diputada García García y el coordinador Sandoval Flores exigieron una revisión exhaustiva de las decisiones judiciales en Oaxaca y, al mismo tiempo, hicieron un llamado a que el sistema de justicia federal se conduzca de manera imparcial y libre de corrupción, porque se puede permitir que el sistema judicial se convierta en una herramienta al servicio de intereses políticos, en lugar de ser un baluarte de derechos y justicia.
Finalmente, ambos congresistas federales reiteraron su compromiso de seguir luchando por la defensa de los derechos laborales y la dignidad del pueblo oaxaqueño, por lo que estarán atentos a cualquier nueva información que surja sobre los actos de nepotismo y corrupción dentro del sistema judicial. Coincidieron en que es momento de restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que el Estado de Derecho prevalezca en Oaxaca.
