MEXICALI, Baja California. — La diputada local Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, representante del Partido del Trabajo (PT), lanzó un enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que asuma con responsabilidad y compromiso su papel frente al alarmante incremento de la violencia feminicida en la entidad.
Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, Gilvaja denunció la falta de resultados y de respuestas claras por parte del Ministerio Público, así como la ausencia de una estrategia integral para enfrentar los delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres en Baja California.
Critican omisiones institucionales y falta de acción
La legisladora criticó con firmeza la pasividad institucional ante hechos graves que han sacudido a la opinión pública. Mencionó como ejemplo reciente el asesinato de una mujer al interior del Hospital General de Tijuana, un caso en el que —según la diputada— no se actuó con la rapidez ni el protocolo debido por parte de las autoridades.
“Los colectivos feministas, las madres buscadoras y los familiares de víctimas están haciendo el trabajo que le corresponde a la Fiscalía”, acusó Gilvaja desde tribuna, señalando que la sociedad civil ha tenido que convertirse en investigadora, defensora y denunciante, frente a una estructura de justicia que se muestra lenta y, en muchos casos, indolente.
Caso Carmela Barrios: impunidad institucionalizada
Uno de los señalamientos más fuertes de la diputada se dirigió al caso de la agente ministerial Carmela Barrios, quien denunció públicamente a una compañera de trabajo por presunta violación de su intimidad al difundir imágenes personales. A pesar de la gravedad del señalamiento, la carpeta de investigación, según Gilvaja, permanece estancada y sin avances significativos.
“La omisión también es una forma de violencia institucional. Si no hay respuesta cuando las víctimas son incluso parte del propio sistema, ¿qué podemos esperar para las demás mujeres?”, cuestionó.
Feminicidios mal clasificados y cifras maquilladas
Otro punto medular del exhorto presentado por Gilvaja fue la falta de claridad en las cifras oficiales sobre muertes violentas de mujeres. La diputada advirtió que muchos casos podrían estar siendo clasificados erróneamente como homicidios dolosos, lo cual reduce artificialmente el número de feminicidios y distorsiona el diagnóstico real del problema.
“Sin datos confiables, no puede haber políticas públicas eficaces. Necesitamos saber con certeza cuántas mujeres han sido asesinadas por razones de género. No podemos seguir permitiendo que se maquillen las cifras para ocultar una crisis de derechos humanos”, enfatizó.
Exhorto a la fiscal estatal: información, plan de acción y rendición de cuentas
En su intervención, la diputada del PT presentó un exhorto formal dirigido a la fiscal estatal María Elena Andrade, solicitando tres puntos fundamentales:
-
Entrega de información actualizada sobre feminicidios, desapariciones y delitos sexuales cometidos contra mujeres en Baja California.
-
Presentación de un plan institucional de atención y prevención de la violencia feminicida, con objetivos, indicadores y presupuesto asignado.
-
Seguimiento puntual al caso de Carmela Barrios, y una revisión de todas las denuncias de violencia institucional dentro de la propia Fiscalía.
La propuesta fue respaldada por otros legisladores de la bancada progresista, quienes también pidieron mayor sensibilidad, transparencia y voluntad política por parte de las autoridades de procuración de justicia.
“Sin voluntad institucional, no hay justicia para las mujeres”
Gilvaja concluyó su intervención con un llamado urgente: “No estamos pidiendo favores; estamos exigiendo justicia. La vida de las mujeres no puede seguir dependiendo de la presión mediática o del activismo ciudadano. Necesitamos instituciones comprometidas, con perspectiva de género y con verdadera vocación de servicio.”
La diputada reiteró que, de no atenderse con seriedad esta crisis, Baja California corre el riesgo de normalizar la violencia de género, condenando a miles de mujeres a vivir bajo el miedo y la impunidad.
