Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– El Congreso del Estado, que preside el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, aprobó la reforma al Código Penal de Chiapas para sancionar a servidoras y servidores públicos que difundan sin autorización imágenes, audios o videos de víctimas de delitos.
La diputada petista Katy Aguiar Álvarez, impulsora de la iniciativa, explicó que la medida contempla penas de dos a seis años de prisión, con agravantes en casos relacionados con violencia de género y feminicidios, como el ocurrido contra Ingrid Escamilla, cuyo caso evidenció la necesidad de frenar la revictimización mediática.
La legisladora del Partido de Trabajo aclaró que esta reforma no busca censurar la libertad de expresión, ya que va dirigida exclusivamente a funcionarios que incurran en estas prácticas indebidas. Sin embargo, hizo un llamado a los medios de comunicación, a la ética y responsabilidad: “El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana”, subrayó Aguiar Álvarez, al tiempo que recordó que la exposición indebida de imágenes de víctimas genera humillación, estigmatización y dolor irreparable para las familias.
Durante su intervención en tribuna, la diputada destacó que la aprobación de esta reforma responde a una exigencia social derivada del dolor y la indignación ante feminicidios en el país y en Chiapas. Recordó casos como el de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, así como el de dos hermanas indígenas asesinadas en San Juan Chamula, cuyos cuerpos fueron fotografiados y difundidos en redes sociales, atentando contra la dignidad de las víctimas y sus familiares.
La adición del artículo 424 BIS al Código Penal establece sanciones claras a los servidores públicos que filtren imágenes, documentos o audios relacionados con investigaciones penales, y aumenta las penas cuando se trate de mujeres, niñas, niños o adolescentes. Esta medida, inspirada en la llamada “Ley Ingrid”, representa un avance en la protección de los derechos humanos y en la construcción de un sistema de justicia con perspectiva de género y derechos humanos.
Finalmente, la diputada Katy Aguiar afirmó que la reforma es un acto de justicia y memoria hacia todas las víctimas de feminicidio y violencia en el estado. “Las víctimas no son espectáculo. Su dignidad debe prevalecer sobre el morbo y el lucro con el dolor ajeno. Esta iniciativa es un mensaje claro: en Chiapas no se tolerará la revictimización ni la impunidad”, puntualizó.
