● La propuesta plantea aumentar la sanción actual de 3 mil 394 pesos, hasta 10 mil 182.
● “Hoy estamos dando un paso necesario para asegurar que ninguna persona vea limitado su derecho de libre tránsito por negligencia o desinterés social”: dip. Jannete Guerrero Maya
● La iniciativa busca garantizar el libre tránsito y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, mediante el fortalecimiento de sanciones a quienes obstruyan rampas y accesos exclusivos.
El Congreso de la Ciudad de México busca aumentar multas hasta por 10 mil 182 pesos a quienes obstruyan rampas, elevadores, puertas y accesos exclusivos para el libre tránsito de personas con discapacidad.
La propuesta, impulsada por la diputada Jannete Guerrero Maya del Partido del Trabajo (PT), tiene como fin reformar el artículo 61 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar la libre circulación de personas en sillas de ruedas o con discapacidad motriz, quienes muchas veces se enfrentan a rampas o elevadores obstaculizados con mobiliario.
“Cuando una persona no puede avanzar por un obstáculo que nunca debió estar ahí, se afecta más que su movilidad, se limita su derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a su plena participación en la vida en sociedad. Aumentar la sanción actual no es un castigo desproporcionado, es un llamado claro a la corresponsabilidad social, un recordatorio de que la accesibilidad no es opcional, es un deber”, afirmó Guerrero Maya.
Asimismo, recordó que cada vez que hay rampas bloqueadas, banquetas inaccesibles, elevadores inutilizables, pasos obstruidos con mobiliario o no se respetan las señalizaciones, aunque parecen conductas menores, representan un obstáculo enorme para personas con discapacidad.
Por lo cual, la legisladora petista precisó que con esta reforma se fortalece el marco jurídico, se protege el libre tránsito, hace exigible la accesibilidad e impulsa una Ciudad de México más justa, humana e incluyente para todas y todos.
“Construir una capital verdaderamente incluyente exige decisiones valientes y normas claras. Hoy estamos dando un paso necesario para asegurar que ninguna persona vea limitado su derecho de libre tránsito por negligencia o desinterés social. Una ciudad accesible es una ciudad más justa”, concluyó la diputada Jannete Guerrero Maya.
La iniciativa presentada se inscribe en un contexto donde las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras físicas y sociales que dificultan su movilidad cotidiana. En una ciudad tan dinámica como la capital del país, la obstrucción de rampas, elevadores o accesos exclusivos no solo representa una falta administrativa, sino una vulneración directa a los derechos humanos de las personas con discapacidad, quienes dependen de estas condiciones para desplazarse de manera autónoma y segura.
Especialistas en accesibilidad urbana han señalado que el respeto a la infraestructura destinada a las personas con discapacidad es un elemento clave para avanzar hacia una ciudad más equitativa. Cuando estos espacios son utilizados de forma indebida o bloqueados por mobiliario, vehículos u otros obstáculos, se limita la posibilidad de que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su derecho al libre tránsito y a la inclusión social.
El fortalecimiento de las sanciones busca también generar conciencia sobre la importancia de la corresponsabilidad social. La accesibilidad no debe entenderse como una concesión, sino como una obligación legal y moral que involucra a autoridades, comercios y ciudadanía en general. Garantizar condiciones adecuadas para las personas con discapacidad contribuye a construir entornos más seguros y funcionales para todas y todos.
Con esta propuesta, se refuerza la idea de que una ciudad accesible es aquella que reconoce la diversidad de sus habitantes y actúa para eliminar prácticas que perpetúan la exclusión. El respeto a los espacios exclusivos para personas con discapacidad es un paso indispensable para consolidar una Ciudad de México más justa, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales.
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