Defender al pueblo no es delito: la contundente verdad que el poder quiere silenciar
En tiempos donde la política suele disfrazarse de tecnocracia fría y de decisiones tomadas desde escritorios lejanos a la realidad social, resulta inevitable voltear a ver a quienes, desde la tribuna pública, han decidido asumir el costo de levantar la voz. Hoy, en Jalisco, esa voz incómoda para el poder tiene nombres y apellidos: el diputado federal José Luis Sánchez González, el diputado local Leonardo Almaguer Castañeda y un instrumento político que ha decidido acompañar esas causas: el Partido del Trabajo.
La frase que hoy retumba en el debate público —“El verdadero delito por el que me acusan es estar en contra de la política económica del actual gobierno del estado…”— no es solo una declaración de defensa política; es un posicionamiento ideológico que marca una línea divisoria entre dos visiones de gobierno: la que administra números y la que defiende personas.
Porque cuando se habla de política económica estatal, muchas veces se pretende reducir la discusión a indicadores macroeconómicos, inversión extranjera o balances fiscales. Sin embargo, lo que han señalado Sánchez González y Almaguer Castañeda es que la economía también se mide en la mesa de las familias, en el costo diario del transporte, en la posibilidad de una persona con discapacidad de tener una vida digna o en la angustia permanente de miles de familias que buscan a sus desaparecidos.
El transporte: negocio o derecho
Uno de los puntos más sensibles ha sido el aumento al transporte público. Para el discurso oficial, se trata de ajustes necesarios para la viabilidad del sistema; para amplios sectores sociales, representa otro golpe al bolsillo.
Desde el Congreso federal y el Congreso local, ambos legisladores han acompañado la inconformidad ciudadana frente al llamado “tarifazo”. No es un tema menor: en una zona metropolitana donde millones dependen diariamente del transporte, cada peso adicional impacta directamente en la economía popular.
La acusación política que enfrentan —según sus propias palabras— no es otra cosa que haberse colocado del lado de los usuarios y no de los concesionarios. Denunciar el posible negocio detrás del incremento tarifario ha significado confrontar intereses económicos y políticos profundamente arraigados.
Y es ahí donde el señalamiento se vuelve más delicado: ¿se castiga la crítica técnica o la disidencia política? Cuando cuestionar el modelo de movilidad se convierte en motivo de persecución política o mediática, la democracia se erosiona.
Desaparecidos: la herida abierta de Jalisco
Pero si hay un tema que evidencia la distancia entre gobierno y sociedad es el de las personas desaparecidas.
Jalisco se ha convertido en uno de los epicentros de esta tragedia nacional. Colectivos de búsqueda han hecho el trabajo que el Estado no ha logrado cumplir plenamente. En ese contexto, acompañar a las familias no es un gesto político menor: es asumir una causa profundamente dolorosa.
Sánchez González ha sido enfático: “Mi delito es estar a favor de los desaparecidos”. La frase es dura porque revela una realidad incómoda: en ocasiones, quienes exigen verdad y justicia terminan siendo señalados como agitadores, opositores o desestabilizadores.
El acompañamiento legislativo del Partido del Trabajo a los colectivos no se ha limitado al discurso. Ha implicado exigencias presupuestales, presión institucional y visibilización mediática. Colocarse del lado de las víctimas, en un contexto donde reconocer la magnitud del problema incomoda al poder, tiene costos políticos evidentes.
Pensión universal para personas con discapacidad
Otro de los ejes de confrontación ha sido la exigencia de una pensión universal para todas las personas con discapacidad en Jalisco.
Mientras a nivel federal este derecho ha avanzado como política social, a nivel estatal su universalidad ha sido motivo de debate presupuestal. La postura petista ha sido clara: los derechos no deben condicionarse a la disponibilidad financiera cuando se trata de sectores históricamente excluidos.
Impulsar esta propuesta no solo implica reasignaciones presupuestales; significa cambiar la lógica de la política social: pasar de programas focalizados a derechos universales.
Aquí nuevamente aparece el “delito” político: exigir que el Estado garantice piso mínimo de dignidad para todos. La pregunta de fondo es incómoda para cualquier administración: ¿qué es prioritario, la infraestructura que luce o la justicia social que transforma?
Afinación sí, verificación no
El movimiento contra el modelo actual de verificación vehicular también ha sido un punto de choque.
La propuesta de “Afinación sí, verificación no” no rechaza el cuidado ambiental, sino que cuestiona el esquema recaudatorio y operativo del programa. La crítica central ha sido que el sistema termina siendo más punitivo que ecológico, afectando principalmente a quienes menos tienen.
Respaldar ese movimiento social colocó a estos legisladores frente a otro bloque de poder: el administrativo-ambiental, donde convergen intereses técnicos, económicos y políticos.
El asesinato de Alejandro Gobel, dirigente central del movimiento antiverrificación, marcó un antes y un después. No solo por la violencia del hecho, sino por el mensaje intimidatorio que dejó en el ambiente político.
Violencia política y asesinatos
La denuncia no se detiene ahí. También se ha señalado el asesinato de Félix Chávez, maestro agrónomo, periodista y activista.
Traer estos nombres a la tribuna no es un gesto retórico. Es politizar la violencia, en el sentido más profundo del término: señalar que cuando la violencia alcanza a activistas y dirigentes sociales, la democracia está bajo amenaza.
El mensaje que han construido Sánchez González y Almaguer Castañeda es claro: no se puede hablar de gobernabilidad cuando quienes disienten son silenciados por la violencia o la impunidad.
Y en ese señalamiento directo radica otro de los costos políticos que hoy enfrentan.
El PT como trinchera política
En este escenario, el Partido del Trabajo ha asumido el papel de plataforma política de estas luchas.
Históricamente identificado con causas sociales, el PT en Jalisco ha encontrado en estas banderas —transporte justo, derechos para personas con discapacidad, acompañamiento a desaparecidos, crítica a modelos recaudatorios— una ruta de posicionamiento clara frente al gobierno estatal.
No se trata solo de oposición partidista tradicional. Se trata de oposición temática, anclada en conflictos sociales reales.
Ese matiz es importante: mientras otros partidos centran su crítica en disputas electorales, el petismo jalisciense ha optado por la confrontación en políticas públicas concretas.
Criminalizar la disidencia
La frase que da origen a esta columna alcanza su punto más potente cuando se afirma:
“Si el día de hoy ese delito me incrimina, sí soy un criminal, por defender las causas del pueblo”.
No es una declaración jurídica; es un posicionamiento moral. Reivindica la criminalización como símbolo de dignidad política cuando la ley o el poder se usan para inhibir la protesta.
Históricamente, muchos derechos nacieron desde la ilegalidad: huelgas prohibidas, marchas reprimidas, movimientos perseguidos. Colocarse en esa tradición discursiva busca conectar la lucha actual con las grandes gestas sociales.
Estar del lado de la gente
La conclusión de su posicionamiento es también su promesa política:
“Siempre voy a estar del lado de la gente y eso seguramente me va a poner en contra del gobierno”.
Aquí se sintetiza la lógica amigo-adversario que define buena parte de la política contemporánea. No hay neutralidad posible cuando se confrontan intereses económicos con derechos sociales.
Para sus simpatizantes, esa postura representa congruencia. Para sus críticos, confrontación permanente. Pero en política, la tibieza rara vez construye liderazgo.
Un pulso que apenas comienza
Lo que ocurre en Jalisco no es un episodio aislado. Es reflejo de una tensión nacional: gobiernos locales defendiendo modelos de gestión y oposiciones sociales cuestionando sus efectos.
José Luis Sánchez González, desde San Lázaro, amplifica el debate a nivel federal. Leonardo Almaguer Castañeda lo aterriza en la realidad legislativa local. Y el Partido del Trabajo articula la narrativa política que conecta ambas trincheras.
El resultado es un bloque opositor que no se limita al discurso electoral, sino que busca capitalizar causas sociales vivas.
Epílogo
Si defender el transporte accesible, acompañar a familias de desaparecidos, exigir pensión universal para personas con discapacidad, cuestionar modelos recaudatorios y denunciar asesinatos de activistas constituye un “delito político”, entonces la discusión ya no es jurídica, sino ética.
Porque al final, la política se reduce a una pregunta esencial:
¿Se gobierna para administrar el poder o para transformar la vida de la gente?
En esa disyuntiva, hay quienes han decidido asumir el costo de la confrontación.
Y como toda confrontación real, no se libra en los discursos… sino en la calle, en el Congreso y en la conciencia pública.
El pulso sigue. Y apenas comienza.
