En conferencia de prensa, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja denunció la represión sindical en Coahuila contra trabajadores de Altos Hornos de México, así como el uso político de la Fiscalía estatal para criminalizar la protesta laboral.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respaldó la exigencia de reactivar las acciones contra Alonso Ancira por el incumplimiento en la reparación del daño, en un contexto de represión sindical en Coahuila que vulnera derechos laborales y sociales.
En conferencia de prensa y acompañado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, denunció una estrategia sistemática de represión sindical en Coahuila que tiene como principal objetivo intimidar, desarticular y criminalizar a las y los trabajadores que defienden sus derechos laborales en uno de los episodios industriales más sensibles para el estado.
El legislador señaló que la represión sindical en Coahuila se expresa hoy en el uso de la fuerza institucional y de los aparatos de procuración de justicia para perseguir a trabajadores de Altos Hornos de México, quienes mantienen el resguardo de la planta como una medida legítima de defensa del patrimonio laboral y comunitario. De manera directa, Mejía Berdeja acusó que la Fiscalía General del Estado de Coahuila ha sido utilizada como instrumento para fabricar delitos y judicializar la protesta social, en lugar de investigar con seriedad los abusos empresariales y las responsabilidades por el colapso financiero y social que ha golpeado a miles de familias.
En su posicionamiento, sostuvo que la represión sindical en Coahuila no es un hecho aislado ni coyuntural, sino parte de una lógica de control político que busca silenciar a quienes exigen justicia laboral, salarios pendientes, seguridad social y respeto a la organización sindical. Asimismo, exigió de manera puntual que se reactiven y se aceleren las acciones legales contra Alonso Ancira por incumplir con la reparación del daño, señalando que mientras los trabajadores enfrentan procesos penales, quienes provocaron el daño económico y social continúan sin responder plenamente ante la ley. El diputado también denunció la fabricación de carpetas de investigación contra líderes sindicales en la Región Norte del estado, una práctica que profundiza la represión sindical en Coahuila y envía un mensaje de intimidación directa a la base trabajadora, particularmente a jóvenes obreros que hoy se incorporan al sector industrial sin garantías mínimas de estabilidad, ni de libertad de organización.
La represión sindical en Coahuila tiene efectos que trascienden el ámbito laboral y se convierten en un problema estructural de gobernabilidad, derechos humanos y cohesión social. Para el Partido del Trabajo, la criminalización de trabajadores de Altos Hornos de México representa una señal alarmante de retroceso en la defensa de los derechos laborales conquistados históricamente por la clase trabajadora en México. En un estado con una fuerte tradición industrial, la represión sindical en Coahuila golpea directamente a la juventud trabajadora, a las nuevas generaciones que buscan incorporarse a la economía formal y que hoy enfrentan un escenario de precarización, miedo y desprotección institucional.
El posicionamiento del diputado Ricardo Mejía Berdeja coloca en el centro del debate nacional el uso político de la justicia local y la ausencia de una política pública real para atender el colapso social derivado de la crisis de AHMSA. Desde una perspectiva social, la represión sindical en Coahuila impacta de forma directa en comunidades completas que dependen de la actividad siderúrgica, deteriora la confianza en las instituciones y normaliza la persecución como mecanismo de control.
En el plano político, el señalamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fortalece una agenda legislativa que exige transparencia, rendición de cuentas y un enfoque de justicia social que ponga primero a las personas trabajadoras y no a los intereses corporativos. Para el PT, resulta inaceptable que la narrativa oficial intente desviar la atención hacia la protesta laboral, mientras se mantienen en la impunidad los incumplimientos empresariales y los procesos de reparación del daño. La represión sindical en Coahuila se convierte así en un símbolo de la lucha por un nuevo modelo de relación entre el Estado, la industria y la clase trabajadora, donde la dignidad, la libertad sindical y la protección de la juventud obrera sean pilares de una política pública moderna y socialmente responsable.
Frente a este escenario, el Partido del Trabajo reafirma que la represión sindical en Coahuila no puede normalizarse ni administrarse políticamente. La exigencia es clara: detener la criminalización de las y los trabajadores, frenar la fabricación de delitos contra dirigentes sindicales y reactivar con urgencia las acciones legales contra quienes incumplieron la reparación del daño y provocaron una de las crisis laborales más profundas del estado. La voz del diputado Ricardo Mejía Berdeja, respaldada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, representa una postura firme a favor de la justicia social, la transparencia institucional y la defensa irrestricta de los derechos laborales. En un momento en el que miles de jóvenes enfrentan incertidumbre económica, desempleo y precariedad, el PT sostiene que la salida no es la persecución ni el silencio impuesto, sino la organización, la legalidad y la transformación de las instituciones para que estén al servicio del pueblo trabajador.
La represión sindical en Coahuila debe terminar, y el mensaje es contundente: sin justicia laboral, sin respeto a la libertad sindical y sin castigo a quienes dañaron a las comunidades industriales, no puede haber desarrollo, ni futuro para las nuevas generaciones que hoy exigen un estado que proteja, escuche y garantice dignidad para todas y todos.
