Foro de Abogados Saltillo
En un encuentro con el sector jurídico organizado en Saltillo, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja dialogó sobre prioridades legislativas para Coahuila y la necesidad de blindar la voluntad ciudadana. La reunión reafirma una ruta: reformas con enfoque social, legalidad y participación.
En política se habla mucho de “estado de derecho” como si fuera un eslogan de campaña. La diferencia empieza cuando te sientas con quienes viven la ley en la práctica: litigantes, defensores, especialistas y profesionistas que conocen dónde se atora la justicia y por qué. Con esa visión, el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja sostuvo una reunión de trabajo con el foro profesional de abogados de Saltillo A.C., para debatir las necesidades legislativas que requiere Coahuila y revisar el reto central que viene en el calendario democrático: la defensa del voto en las próximas elecciones.
El encuentro tuvo un objetivo directo: escuchar, contrastar diagnósticos y construir prioridades. La agenda legislativa no puede responder a ocurrencias ni a intereses de élite, sino a los problemas reales que viven las familias y las comunidades cuando la ley no protege, cuando el acceso a la justicia es lento, o cuando la impunidad se normaliza. Desde esa óptica, la reunión se planteó como un espacio de diálogo serio, donde el sector jurídico aporta experiencia técnica y el trabajo legislativo debe traducirse en reformas útiles, claras y aplicables.
Uno de los ejes abordados fue la urgencia de fortalecer marcos normativos que garanticen legalidad y certidumbre. Coahuila necesita herramientas legislativas que sirvan para prevenir abusos, cerrar vacíos y elevar estándares de transparencia, atención y debida diligencia institucional. En palabras simples: leyes que no se queden en papel, sino que se conviertan en protección concreta para las personas, especialmente para quienes no tienen “palancas” ni recursos para sostener procesos largos.
En la reunión también se discutió la importancia de blindar la participación ciudadana. Defender el voto no es un asunto de partidos, es un asunto de democracia básica: que cada persona pueda elegir con libertad, sin presiones, sin compra de voluntades y sin trampas administrativas. En ese punto, el sector jurídico es clave porque conoce la ruta legal: desde la vigilancia de procedimientos, la documentación de incidencias, la asesoría preventiva, hasta la defensa jurídica cuando se vulneran derechos político-electorales. No se trata de generar alarma, se trata de generar garantías.
Como invitados especiales participaron el Lic. Xavier Lauriano y la Maestra Josefina Flores, cuyas intervenciones reforzaron la idea de que la defensa democrática es trabajo de muchos frentes: organización, formación ciudadana, acompañamiento y claridad jurídica. Cuando una sociedad entiende sus derechos y sabe cómo ejercerlos, se reduce el margen para el abuso. Y cuando hay canales de asesoría confiables, se fortalece la confianza pública.
El valor político de este tipo de reuniones está en el método: diálogo con sectores profesionales, construcción de acuerdos y enfoque en soluciones. En lugar de discursos genéricos, se trabajó sobre necesidades concretas: qué reformas se requieren, qué procedimientos deben simplificarse, qué mecanismos de vigilancia son necesarios, y cómo asegurar que el ejercicio democrático tenga piso parejo. La conversación no se limitó al “qué”, también se dirigió al “cómo”: qué estrategias legales y ciudadanas permiten que la participación se sostenga con orden y con fuerza.
Para las juventudes, este debate importa más de lo que parece. Generación Z y Alfa ya aprendieron a desconfiar de promesas. Para conectar con ellas y ellos, la política debe demostrar dos cosas: utilidad y coherencia. Utilidad significa leyes que protegen y abren oportunidades; coherencia significa defender la democracia con hechos, no con frases. Hablar de defensa del voto en clave de derechos, legalidad y comunidad es hablarle a una generación que exige pruebas, no propaganda.
El encuentro con el foro profesional de abogados de Saltillo A.C. deja una línea clara: Coahuila necesita legislación que responda al territorio y una democracia que se defienda con organización, conocimiento y firmeza. Cuando el diálogo técnico se une con voluntad política, se pueden construir reformas con impacto real. Y cuando la ciudadanía se prepara, ningún intento de distorsionar su decisión pasa sin resistencia.
