Diputada Petista presento dos iniciativas 2026 para fortalecer el marco jurídico del Estado de Guerrero y avanzar en la protección efectiva de la vida y la integridad de las mujeres.
Propone adicionar los artículos 135 Bis y 135 Ter al Código Penal del Estado y reformar diversas disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de reconocer y tipificar la tentativa de feminicidio, visibilizando estos hechos como una manifestación grave de la violencia feminicida y como una señal de riesgo extremo que debe atenderse de manera inmediata.
Estas reformas buscan prevenir la violencia antes de que sea irreversible, fortalecer los mecanismos de protección y atención integral para las víctimas, mejorar los sistemas de identificación de riesgo y garantizar que las autoridades actúen con la debida diligencia, estableciendo también responsabilidades para quienes omitan intervenir ante hechos de violencia de género.
Esta iniciativa, además, es resultado de un trabajo colectivo, en colaboración con Aimé Ríos, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), quien, con el acompañamiento de la colectiva Morras Contra la Violencia Institucional, ha contribuido de manera significativa a la construcción y promoción de esta propuesta, pensada para garantizar un acceso digno y efectivo a la justicia para las mujeres sobrevivientes de feminicidio.
Reconocer la tentativa de feminicidio y las condiciones de desprotección que enfrentan las sobrevivientes no es únicamente una cuestión jurídica; es también un acto de justicia. Esta iniciativa busca nombrar y visibilizar las historias de mujeres sobrevivientes de todo el país, porque mientras las instituciones continúen fallando o negándose a prevenir, atender y sancionar estas violencias, las mujeres seguirán enfrentando solas el riesgo de perder la vida.
Estoy convencida de que cada intento de privar de la vida a una mujer por razones de género debe ser reconocido, investigado y atendido con la mayor seriedad, porque detrás de muchos feminicidios consumados existieron advertencias previas que no fueron atendidas a tiempo.
Legislar con una visión preventiva no es solo una decisión política, es una obligación ética, constitucional y humana. Con estas iniciativas reafirmo mi compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la justicia, cierren espacios de impunidad y garanticen a las mujeres guerrerenses su derecho a vivir libres de violencia.
