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ICE pasó de ser una autoridad administrativa a convertirse en un aparato de persecución sistemática, caracterizado por operativos intensivos, detenciones masivas y condiciones de resguardo cuestionadas por organismos de derechos humanos.
La senadora Geovanna Bañuelos respaldó el anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir justicia por 14 muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) desde 2025 y pidió hacer lo propio en el caso de una menor migrante víctima de abuso.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió además a la Cancillería fortalecer la protección consular y abrir canales de diálogo diplomático con Estados Unidos para garantizar la protección de los migrantes mexicanos.
“Cuando una persona migrante está bajo custodia del Estado, el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad humana se torna aún más sagrado. El Estado mexicano no puede limitarse a observar, debe actuar con firmeza en defensa de sus connacionales”, sostiene.
Asimismo, recomendó que la Embajada y las redes consulares de México en Estados Unidos fortalezcan de manera prioritaria los mecanismos de protección, supervisión y acompañamiento a personas mexicanas detenidas por el ICE, garantizando el acceso efectivo a asistencia legal, atención médica y comunicación con sus familias.
Así como solicitar al gobierno estadounidense la realización de investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes, sanción a los responsables y la implementación de garantías de no repetición ante las muertes de personas mexicanas bajo custodia del ICE, así como por las denuncias de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo el caso de abuso contra una menor migrante.
Geovanna Bañuelos, pide además a la Secretaría de Relaciones Exteriores promover ante instancias internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las acciones necesarias para visibilizar, denunciar y dar seguimiento al patrón de violaciones a derechos humanos contra personas migrantes mexicanas bajo custodia del ICE.
La senadora por Zacatecas resalta que ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, el ICE pasó de ser una autoridad administrativa a convertirse en un aparato de persecución sistemática, caracterizado por operativos intensivos, detenciones masivas y condiciones de resguardo cuestionadas por organismos de derechos humanos.
Destaca que la política migratoria punitiva y la deshumanización del migrante en el discurso público han normalizado el abuso, invisibilizado el sufrimiento y debilitado los mecanismos de rendición de cuentas, lo que convierte en previsible la vulneración de derechos de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, Geovanna Bañuelos recordó que Zacatecas concentra una realidad en la que prácticamente la mitad de sus familias tiene algún vínculo migratorio, y más de 750 mil zacatecanos nacidos en el estado viven en Estados Unidos, cifra que supera el millón de personas al incluir descendientes, lo que refleja una interdependencia social, económica y familiar entre ambos lados de la frontera.
Destacó que las y los zacatecanos en Estados Unidos sostienen sectores clave de la economía con su trabajo, contribuyen a la construcción de ciudades, a la producción de alimentos y a los servicios básicos, generando además remesas que representan una de las principales fuentes de ingresos para el estado, por lo que resulta profundamente indignante que, frente a este aporte, sean hoy objeto de estigmatización, persecución y criminalización.
“Cuando un zacatecano muere en un centro de detención, no solo se pierde una vida; se rompe una familia, se hiere a una comunidad entera y se evidencia la urgencia de que el Estado mexicano actúe con firmeza en defensa de los suyos”, aseveró.
Geovanna Bañuelos apeló a la obligación internacional y ética de México de defender los derechos humanos de sus connacionales en el exterior, colocando en el centro la protección de la vida, la integridad y la dignidad.
En este sentido, dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe asumir un papel protagónico mediante el fortalecimiento de la protección consular, la apertura de canales diplomáticos claros y la promoción de acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.
“En el Partido del Trabajo sostenemos que la defensa de los derechos humanos no admite fronteras ni excepciones. Somos un movimiento que ha acompañado las causas del pueblo y que hoy exige que ninguna persona migrante sea tratada como criminal por el simple hecho de buscar una oportunidad”, concluyó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y posterior dictamen.
Puedes descargar el documento completo en el siguiente enlace: https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/157839
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