El diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México III Legislatura presentó una iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y garantizar que los negocios ofrezcan al menos una opción de pago por medios electrónicos o digitales, con el objetivo de fortalecer al comercio popular y abrir mejores oportunidades de crecimiento para micronegocios y pequeños establecimientos.
La propuesta parte de una escena cotidiana en la ciudad: llegar a una fonda, a una papelería, a un mercado o a una tienda de barrio, sacar la tarjeta o el celular al momento de pagar y escuchar la frase: “solo efectivo”.
En ese instante, explicó el legislador, no sólo se genera una molestia para la persona consumidora, sino que muchas veces se pierde una venta para el pequeño negocio. “No se trata de fiscalizar ni de complicarle la vida al comercio popular; se trata de que ningún negocio de barrio pierda una venta por no tener cómo cobrar”, señaló Villarreal
La iniciativa plantea modificar el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para establecer la obligación de ofrecer al menos una opción de pago digital, ya sea mediante QR, transferencias, CoDi, DiMo, pagos sin contacto o terminales, sin eliminar el uso de efectivo. Asimismo, reforma el artículo 64 para establecer la sanción correspondiente en caso de incumplimiento.
Además de evitar pérdidas de ventas, la propuesta busca que los pequeños comercios puedan generar historial financiero a través de sus transacciones, lo que facilitaría el acceso a crédito, financiamiento e inversión para
inventario, equipamiento o expansión.
El legislador destacó que la reforma también tiene beneficios en materia de seguridad, ya que reducir el efectivo en caja disminuye riesgos al cierre de los negocios, traslados vulnerables y exposición a robos.
La iniciativa señala que el mundo ha avanzado rápidamente en esta materia con modelos exitosos como UPI en India, Pix en Brasil y la regulación de QR en Argentina, mientras que México impulsa una visión de inclusión financiera y simplificación administrativa que la Ciudad de México debe acompañar desde el ámbito local.
En ese contexto, consideró que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 hará aún más visible una necesidad estructural: que el comercio popular pueda atender a consumidores cada vez más digitales y no quede fuera
de la derrama económica por falta de herramientas básicas de cobro.
La iniciativa prevé un periodo de 180 días para adecuaciones, acompañado de programas de capacitación y acompañamiento para facilitar la transición, particularmente en micronegocios y comercio de proximidad.
La implementación de esta reforma representa un paso audaz hacia la democratización tecnológica en la capital del país. Actualmente, la brecha digital en la Ciudad de México no solo se mide por el acceso a internet, sino por la capacidad de participación en el ecosistema financiero moderno. Al integrar métodos de pago como CoDi y DiMo, herramientas impulsadas por el Banco de México que no generan comisiones excesivas, se protege la utilidad del comerciante mientras se agiliza la experiencia del usuario.
La resistencia al cambio suele nacer del desconocimiento técnico o del temor a cargas administrativas. Sin embargo, la propuesta del diputado Villarreal es clara al priorizar el acompañamiento institucional. Durante el periodo de 180 días de transición, será vital que la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) despliegue brigadas de capacitación que enseñen a los dueños de establecimientos que una terminal digital no es un enemigo, sino un aliado que profesionaliza su labor.
Finalmente, esta medida prepara a la CDMX para un entorno globalizado. Con la llegada de turistas y la evolución de los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, el comercio popular debe ser resiliente. Garantizar que una recaudería o una mercería pueda recibir una transferencia electrónica es, en última instancia, blindar la economía local frente a la competencia de las grandes superficies, asegurando que el dinero siga circulando dentro de los barrios y fortaleciendo el tejido social de nuestra metrópoli.
