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Justicia patrimonial: La iniciativa de la Diputada Magdalena Núñez busca que el concubinato permita reclamar hasta el 50% de los bienes y reduce a solo 2 años el tiempo para acceder a derechos sucesorios.
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Protección contra el desalojo: Se establece un derecho preferente para que hijos y concubinos permanezcan en el hogar familiar, evitando la vulnerabilidad tras la muerte o separación de la pareja.
La Diputada Federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa histórica para reformar el Código Civil Federal y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta propuesta busca saldar una deuda histórica con las familias que, por elección, han decidido construir un proyecto de vida fuera del matrimonio, garantizando que el amor y la solidaridad no queden desprotegidos ante la ley.
«La justicia social en México no puede detenerse en la puerta del hogar; debe entrar y reconocer el valor del cuidado y la entrega que sostiene a nuestra nación. No permitiremos que la ausencia de una firma en un acta civil se traduzca en la desprotección patrimonial de las mujeres y la infancia». «Nuestra labor es armonizar la ley con la realidad de un México plural, donde cada familia, sin importar su forma, merece la certeza de que el Estado protege su patrimonio y su futuro».
La iniciativa responde a la urgente necesidad de actualizar un marco normativo «decimonónico» que ha quedado superado por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siguiendo la línea de la reciente jurisprudencia que califica como «irracional» exigir lapsos excesivos para reconocer los lazos de solidaridad familiar, la Diputada Núñez Monreal propone:
Se reduce de 5 a 2 años el requisito para acceder a derechos sucesorios y de alimentos, o se elimina el plazo totalmente si existen hijos en común.
Creación de la Compensación Económica al introducir el derecho a reclamar hasta el 50% de los bienes adquiridos durante la unión para quien se haya dedicado preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado de los hijos.
Protección del Patrimonio Familiar con la inclusión del derecho preferente de los hijos menores y el concubino supérstite a permanecer en el domicilio familiar, evitando desalojos injustos tras un fallecimiento o separación.
La propuesta destaca que el trabajo del hogar no remunerado representa el 24.3% del PIB nacional (INEGI), carga asumida mayoritariamente por mujeres. Al no existir mecanismos de compensación en el concubinato federal actual, se genera un enriquecimiento injusto y un «costo de oportunidad» laboral que precariza a la mujer tras la ruptura. De aprobarse la propuesta ello se traduciría en una mejora de la justicia distributiva y una medida contra la feminización de la pobreza.
Esta reforma viabiliza el tránsito de un “concubinato asistencial a un concubinato patrimonial”, reconociendo que la unión de hecho genera una comunidad de vida que el Estado no puede ignorar al momento de su disolución.
Existe un fortalecimiento Procesal, que garantiza que estos derechos no sean solo letra muerta. La iniciativa reforma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para permitir la acreditación sumaria e incidental del concubinato dentro de cualquier juicio familiar; facilitar el aseguramiento preventivo de bienes para evitar que se oculten activos durante el litigio; y establecer la inscripción de oficio en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ante incumplimientos.
La Diputada Núñez subraya que la propuesta se fundamenta en el Artículo 1º Constitucional (principio pro persona, derecho a la igualdad y no discriminación) y el Artículo 4º Constitucional (protección a la organización y desarrollo de la familia en todas sus manifestaciones), y la misma busca asegurar que la protección a la organización y desarrollo de la familia sea una realidad tangible y no una aspiración legal.
