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El Plan Estratégico parte de la necesidad de que FGR avance hacia un modelo enfocado en la investigación estratégica, la inteligencia, la coordinación y los resultados.
Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República reconoce los problemas, plantea una ruta de transformación institucional y asume que la Fiscalía debe responder a los desafíos actuales con mayor profesionalización, inteligencia, coordinación y resultados, aseguró la senadora Liz Sánchez.
Al fundamentar a favor del dictamen sobre el Plan Estratégico, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) destacó que el trabajo que encabeza la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, representa el inicio de una nueva etapa para la procuración de justicia en México.
“La procuración de justicia es una función esencial del Estado y una responsabilidad que debe ejercerse con rigor, legalidad y sentido institucional”, aseveró la senadora.
En tribuna, Liz Sánchez recordó que durante mucho tiempo, la procuración de justicia ha enfrentado un problema de fondo: se abrieron carpetas, pero no siempre se resolvieron los casos. “Y esa distancia entre denunciar, investigar y obtener una sentencia, es precisamente lo que ha debilitado la confianza ciudadana”.
De acuerdo con el propio diagnóstico contenido en el Plan Estratégico, en 2025 se registraron más de 84 mil carpetas de investigación federales, de las carpetas en trámite, sólo alrededor del 16% se judicializó, y apenas cerca del 7% llegó a sentencia.
“No estamos hablando de números fríos. Estamos hablando de víctimas que esperan respuesta, de familias que quieren saber la verdad y de comunidades que necesitan que la ley funcione”, mencionó.
Por eso, dijo, el Plan Estratégico parte de la necesidad de que la Fiscalía General de la República avance de un modelo centrado en el trámite, hacia un modelo enfocado en la investigación estratégica, la inteligencia, la coordinación y los resultados.
Hoy el fenómeno delictivo es más complejo, más del 84% de las carpetas se inicia sin detenido, eso exige investigaciones más sólidas, capacidades técnicas, análisis de información y una actuación ministerial más eficaz.
Además, más del 60% de las carpetas federales se concentra en fenómenos estructurales como armas, delitos patrimoniales, hidrocarburos y narcóticos.
Para contrarrestar, Liz Sánchez resaltó que actualmente se trabaja con inteligencia criminal, investigación científica, coordinación institucional y una Fiscalía capaz de orientar sus recursos hacia los delitos que más lastiman al pueblo.
Lo que ha originado avances que deben reconocerse, entre 2021 y 2025, el país registró una reducción importante en homicidios dolosos. No obstante, reconoció, los avances en seguridad pública sólo se consolidan cuando van acompañados de investigaciones sólidas, sentencias firmes y estructuras criminales desarticuladas.
“La paz necesita justicia. Por eso este Plan es relevante: porque propone priorizar los delitos de mayor impacto, diferenciar los niveles de complejidad de las investigaciones y dirigir los recursos hacia donde realmente puedan generar resultados”, señaló.
En este sentido, la representante por Puebla destacó que un punto central es la coordinación, ya que la investigación de los delitos no puede depender de esfuerzos aislados.
“Requiere articulación entre la Federación, los estados y los municipios; coordinación entre la Fiscalía, las instituciones de seguridad y las fiscalías locales; y que la información no se quede dispersa, sino que se convierta en inteligencia útil para investigar, prevenir y sancionar”, apuntó.
Por lo que corresponde convertir este Plan en resultados concretos como más investigaciones sólidas, más sentencias y más respuestas para las víctimas, concluyó la legisladora.
