El diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, ha exigido que la Cámara de Diputados dé trámite al desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas y que el expediente no permanezca detenido. El proceso contra el dirigente nacional del PRI vuelve a colocarse en el centro de la agenda legislativa ante la posibilidad de que avance durante el próximo periodo de sesiones.
El desafuero de Alejandro Moreno debe resolverse conforme a la ley y sin cálculos políticos, ha sostenido el diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, quien ha solicitado que la Cámara de Diputados atienda los procedimientos pendientes relacionados con el senador y dirigente nacional del PRI.
La postura de Mejía Berdeja no es nueva. Desde junio, el legislador petista urgió públicamente a la Cámara de Diputados a atender las solicitudes de juicio político y desafuero que permanecían sin avanzar en la Sección Instructora, incluyendo el expediente relacionado con Alejandro “Alito” Moreno. “No es tiempo de tibiezas con quien viola la ley, la Constitución”, señaló entonces el legislador federal.
La exigencia adquiere nuevamente relevancia porque el procedimiento contra Moreno Cárdenas ha registrado movimientos recientes en San Lázaro. El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, informó el 19 de agosto que existe ya un proyecto de dictamen relacionado con el posible retiro de la inmunidad constitucional del dirigente priista, aunque todavía se encuentran bajo revisión elementos aportados por autoridades de Campeche.
Desafuero de Alejandro Moreno vuelve a la agenda de la Cámara de Diputados
El expediente deriva de una solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y está relacionado con investigaciones por presuntos delitos cometidos durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de esa entidad.
De acuerdo con información pública sobre el procedimiento, entre los señalamientos que forman parte del expediente se encuentran presuntos actos de peculado, uso indebido de atribuciones y usurpación de funciones. La solicitud deberá ser analizada por las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados antes de que pueda determinarse si existen elementos suficientes para continuar con el juicio de procedencia.
Es importante precisar que el desafuero no constituye por sí mismo una sentencia de culpabilidad. Su función jurídica es determinar si debe retirarse la inmunidad procesal que protege a un servidor público para permitir, en su caso, que las autoridades competentes continúen con un procedimiento penal.
Desde el Partido del Trabajo, la postura impulsada por Ricardo Mejía es que el fuero constitucional no debe convertirse en un mecanismo de impunidad ni en una barrera para que las instituciones investiguen posibles conductas ilícitas.
Ricardo Mejía pide que no haya expedientes congelados
Para Mejía Berdeja, la discusión trasciende el caso particular de Alejandro Moreno. El diputado federal ha insistido en que las instituciones legislativas deben procesar las solicitudes de juicio político y declaración de procedencia que cumplan con los requisitos legales, independientemente de la fuerza política a la que pertenezca la persona señalada.
El propio legislador ha llevado esta posición a otras controversias. Durante junio presentó y ratificó acciones relacionadas con autoridades de Coahuila y, en ese contexto, cuestionó que procedimientos como el relacionado con Alejandro Moreno permanecieran sin una resolución definitiva.
La discusión cobra mayor peso ante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Diversos legisladores han anticipado que el caso podría volver formalmente a la agenda a partir de septiembre, mientras la Sección Instructora continúa analizando el expediente.
Incluso el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, declaró recientemente que no protege a Alejandro Moreno y sostuvo que, si existen elementos, corresponde a los órganos legislativos determinar la procedencia del desafuero.
PT: el fuero no debe significar impunidad
Para el PT, cualquier procedimiento de esta naturaleza debe desarrollarse con respeto al debido proceso, pero también sin privilegios políticos.
La inmunidad constitucional tiene una función institucional; no fue diseñada para impedir investigaciones ni para colocar a representantes populares por encima de la ley. Por ello, la exigencia es clara: que las autoridades legislativas revisen las pruebas, permitan la defensa correspondiente y emitan una resolución.
El desafuero de Alejandro Moreno deberá definirse mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la legislación aplicable. La responsabilidad de la Cámara de Diputados es garantizar que la decisión se tome sobre elementos jurídicos y no mediante negociaciones partidistas.
La rendición de cuentas también se defiende desde el Congreso
En un momento en el que la ciudadanía demanda instituciones capaces de actuar frente a posibles actos de corrupción y abuso de poder, mantener expedientes indefinidamente detenidos sólo alimenta la desconfianza pública.
Ricardo Mejía Berdeja ha colocado el tema sobre la mesa: si existen investigaciones y elementos que deben ser valorados, corresponde permitir que las instituciones hagan su trabajo.
Desde el Partido del Trabajo se sostiene que ninguna dirigencia partidista, cargo legislativo o trayectoria política debe representar un privilegio frente a la justicia.
El caso de Alejandro Moreno tendrá que resolverse con pruebas, debido proceso y responsabilidad institucional. Pero también con una premisa fundamental: la ley debe aplicarse sin excepciones y el fuero nunca debe convertirse en sinónimo de impunidad.
La Cámara de Diputados tiene ahora la responsabilidad de definir el rumbo del procedimiento y ofrecer una respuesta clara a la sociedad. La exigencia del PT es que el expediente avance, se analice de fondo y se resuelva conforme a derecho.
