El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó y posteriormente ratificó una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez. El legislador del PT atribuye acusaciones ambos presuntas violaciones constitucionales, afectaciones a derechos humanos e intervención de autoridades durante el proceso electoral local de 2026.
Ricardo Mejía llevó ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Manolo Jiménez y Federico Fernández, mientras resurgen acusaciones sobre los vínculos inmobiliarios del gobernador.
El diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, llevó a la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, y contra el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, por presuntas violaciones graves a la Constitución, derechos humanos y posibles irregularidades relacionadas con el proceso electoral local celebrado el pasado 7 de junio.
La presentación de la demanda fue reportada el 12 de junio y posteriormente ratificada por el legislador petista. Mejía sostiene que durante el proceso electoral existieron actuaciones de corporaciones estatales contra candidaturas, dirigentes y operadores políticos de oposición.
El procedimiento abre un nuevo frente político y jurídico para el gobierno estatal, aunque la sola presentación de una demanda no acredita responsabilidad alguna. Corresponde a la Cámara de Diputados determinar su trámite y, eventualmente, la procedencia de las imputaciones planteadas.
Ricardo Mejía acusa intervención durante las elecciones de Coahuila
El argumento central presentado por Mejía está relacionado con la actuación de autoridades estatales antes, durante y después de la jornada electoral.
El diputado ha acusado públicamente al gobierno estatal y a la Fiscalía de permitir o realizar actos de presión y represión contra integrantes de Morena y del Partido del Trabajo. La demanda fue presentada después de la elección en la que se renovó el Congreso de Coahuila.
De acuerdo con el planteamiento del legislador, las conductas denunciadas ameritan una revisión desde el Poder Legislativo federal debido a su posible impacto sobre derechos políticos, derechos humanos y principios constitucionales.
Mejía ha sostenido que la actuación de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia debe permanecer separada de cualquier interés electoral.
Será el procedimiento legislativo, y no la confrontación partidista, el que determine jurídicamente si existen elementos suficientes para que el asunto avance.
Los antecedentes inmobiliarios de Manolo Jiménez vuelven al debate
La ofensiva política de Mejía ocurre mientras permanecen en el debate público cuestionamientos previos sobre la relación de Manolo Jiménez con empresas del sector inmobiliario.
Este punto requiere una distinción importante: dichos antecedentes no equivalen, por sí mismos, a la acreditación de tráfico de influencias o corrupción.
Información basada en declaraciones patrimoniales de Jiménez documentó que el político reportó participación en JISA Bienes Raíces. Una revisión periodística de esos documentos señaló una participación del 15 por ciento y registró ingresos provenientes de la compañía.
La controversia adquirió mayor dimensión debido a las autorizaciones expedidas durante su administración como alcalde de Saltillo.
Una investigación de EMEEQUIS identificó en registros públicos 17 licencias y una ampliación otorgadas durante aquella administración a tres compañías relacionadas con el entorno familiar de Jiménez: ocho correspondieron a Jiménez Bienes Raíces, seis a Verjip Constructores Inmobiliarios y cuatro a JISA Bienes Raíces.
Los desarrollos relacionados con esas autorizaciones incluyeron El Álamo y Bosques de las Lomas.
El asunto incluso llegó previamente al Poder Legislativo federal. Un documento presentado en la Cámara de Diputados en 2023 hizo referencia a permisos otorgados a las empresas y consignó, entre otros antecedentes, una licencia expedida el 24 de marzo de 2021 para la construcción del fraccionamiento El Álamo.
¿Qué respondió Manolo Jiménez sobre las licencias?
Para mantener equilibrio periodístico, existe una respuesta pública del gobernador que debe formar parte del contexto.
Cuando fue cuestionado por EMEEQUIS sobre las autorizaciones, Jiménez reconoció su participación en empresas familiares dedicadas al sector inmobiliario, pero rechazó que la expedición de las licencias implicara una actuación irregular.
Sostuvo que durante su administración municipal se actuó conforme a derecho y argumentó que las autorizaciones cumplían con los requisitos correspondientes, además de señalar que ese tipo de trámites no dependían de la autorización directa del presidente municipal.
Por tanto, el dato verificable es que existieron permisos municipales para empresas vinculadas con su entorno familiar y que el propio Jiménez ha reconocido participación empresarial. La existencia de un conflicto de interés, tráfico de influencias o responsabilidad administrativa o penal tendría que ser determinada por las autoridades competentes, no asumida editorialmente como un hecho consumado.
Ricardo Mejía también ha llevado el tema inmobiliario al Congreso
Los vínculos inmobiliarios del mandatario coahuilense también han sido retomados por Ricardo Mejía desde el Poder Legislativo.
En julio de 2025, durante una discusión relacionada con corrupción inmobiliaria, el diputado petista señaló desde el Congreso las autorizaciones otorgadas durante la gestión municipal de Jiménez y las vinculó con empresas relacionadas con su familia. Una iniciativa legislativa presentada por Mejía también incorporó estos antecedentes.
Esto permite observar que la actual demanda de juicio político no surge de manera aislada dentro de la confrontación entre Mejía y el gobierno estatal.
El legislador ha construido una línea de cuestionamiento que abarca distintos ámbitos: actuación de instituciones estatales, procesos electorales, procuración de justicia y posibles conflictos entre responsabilidades públicas e intereses privados.
Sin embargo, cada expediente tiene naturaleza y pruebas diferentes y debe analizarse de manera independiente.
De la denuncia política a las responsabilidades institucionales
La diferencia entre una acusación política y una responsabilidad acreditada será fundamental en las siguientes etapas.
Mejía ya llevó sus señalamientos contra el gobernador y el fiscal ante una instancia formal del Congreso. La demanda existe y fue ratificada. Ahora corresponde a las instituciones determinar su procedencia.
En paralelo, los antecedentes inmobiliarios muestran que los cuestionamientos sobre las empresas vinculadas con la familia Jiménez no son nuevos y que parte de la información que los originó procede de registros públicos y declaraciones patrimoniales.
Para el PT Coahuila, el planteamiento debe centrarse en una exigencia institucional: que cualquier posible conflicto entre poder político, intereses particulares y actuación gubernamental pueda investigarse con transparencia y sin privilegios.
No se trata de sustituir a las autoridades investigadoras ni de anticipar culpabilidades.
Se trata de exigir que los señalamientos documentados reciban respuesta.
Ricardo Mejía ha trasladado esa confrontación al terreno legislativo y ha anunciado que continuará utilizando las vías jurídicas disponibles. La siguiente palabra corresponderá a las instituciones encargadas de procesar los recursos y determinar si existen elementos para avanzar.
En un Estado de derecho, el poder público también debe estar sujeto a escrutinio, rendición de cuentas y revisión institucional, independientemente del cargo o fuerza política de quien lo ejerza.
