El diputado Antonio Flores Guerra cuestionó el discurso de seguridad del llamado “Coahuila Blindado” y puso sobre la mesa indicadores de violencia familiar, feminicidios, consumo de drogas y atención a la salud mental. El legislador pidió que la estrategia de seguridad incorpore con mayor fuerza la prevención y la atención de las causas sociales de la violencia.
Saltillo, Coahuila.— El diputado Antonio Flores Guerra cuestionó el alcance del denominado modelo de seguridad “Coahuila Blindado”, al señalar que la seguridad pública no puede medirse únicamente por operativos, vigilancia carretera o presencia policial, sino también por lo que sucede dentro de los hogares y las comunidades.
Uno de los indicadores señalados es la violencia familiar. Datos atribuidos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraban 9 mil 55 casos durante los primeros siete meses de 2026 en Coahuila, equivalentes a alrededor del 80% de los 11 mil 239 contabilizados durante todo 2025.
Flores también llamó la atención sobre la violencia contra las mujeres. Un recuento periodístico publicado el 14 de octubre contabilizó 12 víctimas de feminicidio durante 2026, frente a nueve casos registrados oficialmente al cierre de 2025. La comparación representa un incremento de alrededor de un tercio, aunque debe considerarse que la cifra de 2026 procede de un recuento periodístico de casos y no todavía de un cierre anual oficial.
Otro de los ejes de su señalamiento es el crecimiento de las adicciones. El dato de un aumento de 240% tiene sustento en información sobre demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas: en Coahuila pasó de 1,310 casos en 2020 a 4,463 en 2023. Los estimulantes de tipo anfetamínico representaron 66.7% de los casos registrados en 2023.
El problema tiene una incidencia particular entre adolescentes y jóvenes. Información difundida durante 2026 señala que en 2024 el 21% de los nuevos ingresos a centros de rehabilitación correspondió a menores de entre 12 y 17 años, mientras que en los Centros de Integración Juvenil de Saltillo y Ramos Arizpe una proporción importante de las personas atendidas fueron adolescentes.
Flores vinculó este panorama con otro desafío: la capacidad de atención a la salud mental. Un diagnóstico presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna reportó que Coahuila registró 345 suicidios durante 2025, con una tasa de 8.5 por cada 100 mil habitantes. El mismo informe señala que el sector público dispone de 28 psiquiatras y 154 psicólogos, y que únicamente 23 de 429 unidades médicas públicas contabilizadas cuentan con consultorio psiquiátrico.
A partir de estos indicadores, Antonio Flores planteó que la discusión sobre seguridad debe ampliarse. Su crítica al “Coahuila Blindado” sostiene que la presencia policial y el control territorial deben acompañarse de políticas de prevención de adicciones, atención de salud mental, protección de mujeres y familias y acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Los datos no permiten establecer por sí solos una relación causal directa entre consumo de metanfetaminas, violencia familiar, feminicidios y suicidio; son fenómenos distintos que requieren análisis específicos. Sí muestran, sin embargo, problemáticas concurrentes que forman parte del debate sobre prevención social, salud pública y seguridad en Coahuila.
Para Flores, el planteamiento es que el concepto de seguridad no termine en retenes y patrullas, sino que alcance la vida cotidiana de las familias. Su posicionamiento demanda mayor atención presupuestaria a prevención de adicciones, salud mental y protección frente a la violencia, como parte de una estrategia integral de seguridad.
