Deuda pública de México es ilegal, inmoral, incobrable, impagable y criminal
- que esta sea una lucha del pueblo y se deje de ser tributarios continuos del imperio: dip. José Luis Sánchez
- Es hora de evaluar y, en su caso, suspender los pagos, para dar prioridad a los múltiples y graves problemas internos: dip. Diana Castillo
- Necesitamos que los recursos de este país se utilicen para el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo: dip. Jorge Armando Ortiz
El diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), José Luis Sánchez González, denunció que la deuda pública que tiene, no solamente México, sino muchos países del mundo, es ilegal, inmoral, incobrable, impagable y criminal, con la que no está de acuerdo y por lo que se está luchando por su cancelación.
En conferencia de prensa realizada al término del Foro “¡80 años son suficientes! Por la Abolición del FMI y del BM”, el legislador petista, a nombre de sus compañeros de bancada, expresó su solidaridad en esta demanda y reclamo, misma que es de suma importancia, al dejar en claro la necesidad de elevar el nivel de consciencia en relación a esta temática, para que esta sea una lucha del pueblo y se deje de ser tributarios continuos del imperio.
Por su parte, la congresista del GPPT, Diana Castillo Gabino, hizo un llamado a evaluar y, en su caso, suspender los pagos y dar prioridad a los múltiples y graves problemas internos y, con ello, brindar todo el apoyo a los que menos tienen, como los indígenas, obreros, campesinos, jóvenes, migrantes y todos los sectores vulnerables y desprotegidos en general.
“Por la soberanía nacional, hay que suspender los pagos y renegociar, como lo han hecho todos los gobiernos progresistas de la historia, porque los tiempos, así lo exigen. Debemos mejorar el andamiaje jurídico y proteger los recursos de las y los mexicanos, para el desarrollo integral de nuestro país”, sostuvo.
Finalmente, el diputado federal del Partido del Trabajo, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, insistió en el mensaje que promueve la suspensión de los pagos de la deuda pública, su auditoría y renegociación de la misma, toda vez que se requieren esos recursos para el desarrollo de México y se mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía y no aumentar las ganancias de las transnacionales que representan al imperio que ha saqueado durante siglos este país.