Ricardo Mejía Berdeja presentó una solicitud de juicio político contra gobernador de Coahuila y fiscal estatal por presuntas violaciones graves a derechos humanos, secrecía del voto y uso político de la policía.
Juicio político contra gobernador de Coahuila: Mejía Berdeja denuncia represión electoral
Juicio político contra gobernador de Coahuila fue la solicitud presentada por el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja en contra del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez, al señalar presuntas violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos y al libre ejercicio del voto ciudadano durante el proceso electoral en la entidad.
El legislador del Partido del Trabajo sostuvo que los hechos denunciados no pueden considerarse incidentes aislados, sino parte de un patrón de persecución política, uso faccioso de la fuerza pública y presunta protección institucional a prácticas de compra masiva de votos. De acuerdo con Mejía Berdeja, la solicitud fue presentada ante las instancias correspondientes de la Cámara de Diputados para que se investigue la actuación del gobierno estatal, la fiscalía y mandos policiales durante el periodo previo, durante y posterior a la jornada electoral.
Juicio político contra gobernador de Coahuila por presuntas violaciones graves
Ricardo Mejía Berdeja afirmó que el gobernador de Coahuila habría instruido a la policía estatal para reprimir, detener, golpear y amedrentar a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. En su exposición, señaló que estas acciones habrían ocurrido en un contexto electoral marcado por denuncias ciudadanas sobre casas operativas del PRI, donde presuntamente se realizó compra de votos mediante dinero en efectivo y mecanismos tecnológicos.
El diputado federal aseguró que ciudadanos y militantes que intentaron documentar o denunciar estas prácticas fueron intimidados por corporaciones estatales. Entre los casos mencionados, destacó las detenciones del candidato suplente Javier Castillo y del diputado local Antonio Flores Guerra, propietario del sexto distrito, así como las agresiones denunciadas contra Tania Flores Guerra.
Mejía Berdeja sostuvo que Antonio Flores fue golpeado y que Tania Flores habría sido agredida físicamente y rociada con gas lacrimógeno en el ojo, lo que —según dijo— le provocó afectaciones en la córnea. También denunció posibles abusos cometidos durante la detención y afirmó que se aportarán videos como parte de los elementos probatorios.
La “QR dictadura”: denuncia por compra de votos y vulneración del sufragio
Uno de los puntos centrales de la solicitud de juicio político contra gobernador de Coahuila es el señalamiento sobre el uso de códigos QR para presuntamente comprar votos y vulnerar la secrecía del sufragio. Mejía Berdeja calificó este mecanismo como una “QR dictadura”, al considerar que las elecciones se convirtieron en un mercado de compra-venta del voto ciudadano.
De acuerdo con el legislador petista, en distintos distritos se habrían ofrecido pagos de entre 500, 600 y hasta 1,000 pesos a cambio del voto, utilizando códigos QR como herramienta de control político. Para Mejía Berdeja, esta práctica no solo representa una irregularidad electoral, sino una afectación directa al derecho constitucional de votar de manera libre, secreta y auténtica.
El diputado federal sostuvo que la gravedad del caso radica en que, mientras la oposición denunciaba estas operaciones, las autoridades estatales habrían actuado contra quienes documentaban los hechos, no contra quienes presuntamente operaban la compra de votos. En ese sentido, acusó una posible coordinación entre estructuras políticas, mandos policiales y omisiones institucionales.
Señalamientos contra mandos policiales y exigencia de investigación
Ricardo “El Tigre” Mejía también responsabilizó directamente a mandos policiales identificados con los alias de “El Boxer”, “El Jaguar” y “El Hummer”, entre otros. Según el legislador, estos mandos habrían participado en operativos de presión, detención e intimidación contra perfiles vinculados a la Cuarta Transformación en Coahuila.
Además, afirmó que algunos detenidos habrían sido presionados para fabricar pruebas contra liderazgos de Morena y del Partido del Trabajo. Por ello, pidió que la investigación no se limite al gobernador y al fiscal, sino que alcance a toda la cadena de mando que pudo haber intervenido en los hechos denunciados.
Mejía Berdeja responsabilizó públicamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a mandos de la policía estatal por cualquier agresión contra su integridad física, así como contra compañeras y compañeros del PT y de la 4T.
Un proceso que también exhibe el silencio institucional
El diputado federal cuestionó el silencio del Instituto Electoral de Coahuila ante las denuncias presentadas por fuerzas de oposición. Señaló que, frente a acusaciones de compra de votos, presión policial, detenciones arbitrarias y vulneración de la secrecía del sufragio, el órgano electoral local no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.
También solicitó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados actuar con responsabilidad y dar trámite ágil a la solicitud. Recordó que ya había presentado anteriormente un juicio político contra la legislatura de Coahuila por la falta de legislación en materia de revocación de mandato, y que también ha insistido en que avance el juicio político contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI.
Mejía Berdeja afirmó que en Coahuila existe un “régimen de terror” que contrasta con la narrativa oficial de seguridad y orden. Señaló que la situación del estado debe revisarse con seriedad, especialmente ante los señalamientos sobre posibles vínculos entre estructuras criminales, corporaciones policiales y fiscalías estatales.
Con esta solicitud de juicio político contra gobernador de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja busca que el Congreso federal investigue presuntas violaciones graves a derechos humanos, al orden constitucional y al derecho ciudadano a elegir libremente. Para el Partido del Trabajo, el caso representa una exigencia de justicia, pero también una advertencia política: ningún gobierno debe usar la fuerza pública para someter al pueblo, perseguir opositores o convertir una elección en mercancía.
En Coahuila, la lucha por la democracia no termina en las urnas. También se libra en la denuncia, en la defensa del voto y en la exigencia de que el poder público responda ante la ley.
