Impugnación de la elección en Coahuila: PT presenta recursos en los 16 distritos y solicita la nulidad del proceso electoral.

La impugnación de la elección en Coahuila fue presentada por el Partido del Trabajo en los 16 distritos electorales, denunciando compra de votos, uso de recursos multimillonarios, intervención policial y violaciones graves al proceso democrático.

La impugnación de la elección en Coahuila fue presentada formalmente por el Partido del Trabajo ante las autoridades electorales competentes mediante recursos promovidos en los 16 distritos electorales de la entidad, con el objetivo de solicitar la nulidad del proceso derivado de una serie de hechos que, a juicio del instituto político, vulneraron los principios constitucionales que deben regir toda contienda democrática.

El PT sostiene que durante el proceso electoral se registraron conductas sistemáticas que comprometieron la legalidad, la certeza, la imparcialidad, la equidad y la libertad del sufragio, afectando directamente la autenticidad de los resultados y la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

El recurso promovido por el Partido del Trabajo documenta diversos hechos que considera determinantes para el resultado electoral. Entre ellos destacan la compra masiva de votos mediante una estructura territorial de operación, la movilización de recursos económicos multimillonarios y la utilización de mecanismos de presión política sobre sectores de la población.

Asimismo, se denunció la existencia de esquemas de coacción al voto y acciones encaminadas a influir indebidamente en la decisión de los ciudadanos durante la jornada electoral y en los días previos a la misma.

Denuncian intervención policial durante el proceso electoral

Uno de los aspectos más delicados incluidos en la impugnación corresponde a la participación de corporaciones policiales estatales en acciones de intimidación, persecución y detenciones arbitrarias contra militantes, dirigentes, operadores políticos, representantes de partidos de oposición y ciudadanos.

El Partido del Trabajo considera especialmente grave la detención del Diputado Local Antonio Flores Guerra y de Tania Flores Guerra, al estimar que dichos acontecimientos reflejan un uso indebido de la fuerza pública durante un proceso electoral que debía desarrollarse bajo condiciones de plena libertad y garantías democráticas.

Para el instituto político, estos hechos generaron un ambiente de incertidumbre y temor que impactó directamente en el desarrollo de la contienda electoral y en el ejercicio de los derechos políticos de diversos actores involucrados.

Solicitan intervención de la UIF y del INE

Como parte de las acciones legales emprendidas, el Partido del Trabajo solicitó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral realicen una revisión exhaustiva del origen, flujo y destino de los recursos económicos utilizados durante el proceso electoral.

La petición busca determinar si existieron operaciones financieras irregulares, recursos de procedencia ilícita o gastos no reportados que pudieran haber incidido en los resultados de la elección y en el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación electoral.

La defensa del voto continuará en todas las instancias

El Partido del Trabajo informó que, en coordinación con Morena, impulsará todos los recursos jurídicos disponibles para garantizar que las autoridades jurisdiccionales revisen integralmente el proceso electoral y determinen las responsabilidades correspondientes.

La organización política afirmó que agotará todas las instancias legales necesarias hasta lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados. Asimismo, reiteró que la defensa de la voluntad popular constituye una obligación democrática que trasciende intereses partidistas y que resulta indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Coahuila merece elecciones libres, transparentes y auténticamente democráticas. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre los hechos denunciados y a que cualquier conducta que haya vulnerado la legalidad electoral sea investigada y sancionada conforme a derecho. La defensa del voto y de la voluntad popular seguirá siendo una prioridad para quienes consideran que la democracia sólo puede sostenerse cuando existe certeza, legalidad y respeto absoluto a la decisión de los ciudadanos.

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