Legisladores del PT denunciaron desde el Senado violaciones a los derechos humanos en Coahuila y anunciaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Gobernación.
PT denuncia violaciones a los derechos humanos en Coahuila desde el Senado
Desde el Senado de la República, representantes del Partido del Trabajo denunciaron la ausencia de condiciones efectivas de Estado de derecho y las violaciones a los derechos humanos en Coahuila.
Ricardo Mejía Berdeja y Antonio Flores expusieron casos de detenciones, agresiones y persecución política, mientras Geovanna Bañuelos y Reginaldo Sandoval respaldaron la exigencia de llevar los hechos ante la Secretaría de Gobernación.
Los derechos humanos en Coahuila fueron colocados en la agenda nacional durante una conferencia de prensa realizada en el Senado de la República, donde representantes del Partido del Trabajo denunciaron una serie de actuaciones atribuidas a autoridades estatales que, señalaron, reflejan un deterioro del Estado de derecho y el uso político de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el encuentro participaron el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja y el diputado local Antonio Flores Guerra, acompañados por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre y el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados.
Ricardo Mejía Berdeja es integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura y representante de Coahuila por la segunda circunscripción. Reginaldo Sandoval encabeza actualmente la coordinación parlamentaria petista en la Cámara de Diputados, por lo que su participación dio respaldo nacional y legislativo a los señalamientos presentados.
Derechos humanos en Coahuila llegan a la agenda nacional
Durante la conferencia se expuso que en Coahuila existen elementos que deben ser revisados por las autoridades federales ante posibles violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, persecución política y utilización de corporaciones de seguridad contra personas vinculadas con movimientos opositores.
De acuerdo con los planteamientos realizados por los legisladores petistas, el problema no puede interpretarse como una sucesión de incidentes aislados. Lo denunciado mostraría un patrón de actuación institucional en el que el aparato estatal es empleado para intimidar, contener o castigar a quienes participan políticamente fuera de la estructura del gobierno local.
El PT sostuvo que la democracia no termina con la instalación de casillas ni con el cómputo de los votos. Para que una elección sea auténticamente democrática deben existir libertades políticas, garantías individuales, seguridad para las personas participantes y condiciones que permitan denunciar irregularidades sin temor a represalias.
Cuando una corporación policial interviene en asuntos políticos, cuando una denuncia ciudadana es respondida con intimidación o cuando las instituciones de justicia son utilizadas selectivamente, lo que se encuentra en riesgo no es solamente la libertad de una persona: se debilita la confianza pública y se vulnera el derecho colectivo a participar en la vida democrática.
PT solicitará encuentro con la Secretaría de Gobernación
Ante la gravedad de los elementos presentados, los representantes del Partido del Trabajo anunciaron que buscarán un encuentro con la Secretaría de Gobernación para entregar información, testimonios y antecedentes relacionados con los hechos denunciados en Coahuila.
La finalidad será solicitar que las autoridades federales conozcan directamente los casos y valoren las acciones institucionales correspondientes dentro del ámbito de sus facultades.
La Secretaría de Gobernación desempeña funciones vinculadas con la política interior, la gobernabilidad democrática y la interlocución con actores políticos y sociales. Por esa razón, el PT considera necesario que la situación de los derechos humanos en Coahuila sea revisada fuera del ámbito de control de las propias autoridades estatales señaladas.
Ricardo Mejía ya ha impulsado desde la Cámara de Diputados planteamientos dirigidos a la Secretaría de Gobernación en materia de derechos humanos y esclarecimiento de hechos ocurridos en Coahuila, lo que muestra una línea legislativa de seguimiento a las problemáticas de seguridad, justicia y memoria en la entidad.
La ruta anunciada no sustituye los procedimientos judiciales ni las investigaciones que correspondan, pero sí pretende impedir que los expedientes permanezcan encerrados dentro de un circuito institucional local cuestionado por las propias víctimas y sus representantes.
Caso Tania Flores evidencia la dimensión política de la denuncia
Uno de los casos centrales mencionados durante la conferencia fue el de Tania Flores, cuya detención ha sido calificada por dirigentes y legisladores del Partido del Trabajo como un caso de prisión política relacionado con su participación y colaboración en el pasado proceso electoral.
El PT señaló que su situación debe analizarse dentro de un contexto más amplio de hostigamiento, agresiones y confrontación política. La organización ha sostenido que Tania Flores fue objeto de acciones dirigidas a desgastarla y silenciarla por su actividad política y por su participación en un movimiento opositor al gobierno estatal.
Desde esta perspectiva, el caso no debe reducirse a una disputa personal ni a un expediente aislado. La detención de una mujer vinculada a una fuerza política opositora, después de un proceso electoral marcado por denuncias y confrontaciones, obliga a revisar las condiciones en las que actuaron las autoridades y el respeto efectivo a las garantías constitucionales.
El señalamiento de “presa política” corresponde a la postura pública del Partido del Trabajo y deberá sostenerse mediante la presentación de pruebas, resoluciones, testimonios y actuaciones documentadas ante las instancias competentes. Precisamente por ello, la decisión de llevar el caso ante Gobernación representa un paso necesario para trasladar la denuncia del terreno discursivo al institucional.
Geovanna Bañuelos y Reginaldo Sandoval respaldan la exigencia
La presencia de Geovanna Bañuelos y Reginaldo Sandoval mostró que la denuncia no se limita a la representación política de Coahuila, sino que cuenta con acompañamiento de legisladores federales del PT en ambas cámaras del Congreso.
Geovanna Bañuelos es senadora del Partido del Trabajo y preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, espacio desde el cual ha sostenido una agenda vinculada con la defensa de derechos y conquistas sociales.
Por su parte, Reginaldo Sandoval, como coordinador parlamentario del PT, representa la conducción política de la bancada en la Cámara de Diputados. Su participación refuerza la posibilidad de que los casos expuestos sean acompañados mediante instrumentos legislativos, exhortos, solicitudes de información y acciones de interlocución institucional.
Este respaldo bicameral envía un mensaje claro: las denuncias sobre Coahuila no permanecerán confinadas al ámbito local ni dependerán exclusivamente de las instituciones estatales cuestionadas.
El PT exige justicia, investigación y garantías democráticas
El Partido del Trabajo reiteró que la defensa de los derechos humanos no puede depender de colores partidistas ni de coyunturas electorales. Toda persona debe contar con acceso a la justicia, debido proceso, integridad física, libertad política y protección frente al abuso de autoridad.
La exigencia es concreta: que se investiguen los hechos, que se deslinden responsabilidades y que ninguna corporación pública sea utilizada como instrumento de persecución política.
Coahuila necesita instituciones que protejan a la ciudadanía, no estructuras que provoquen miedo. Necesita autoridades que respondan ante la ley, no servidores públicos colocados por encima de ella. Y necesita una vida democrática en la que participar, denunciar o disentir no se convierta en motivo de hostigamiento.
El PT continuará documentando los casos, acompañando a las personas afectadas y llevando las denuncias a las instancias nacionales correspondientes. La defensa de los derechos humanos en Coahuila no es una concesión del poder: es una obligación constitucional y una causa que debe unir a quienes creen en la justicia, la democracia y la dignidad humana.
Cuando el poder intenta imponer silencio, llevar la verdad a las instituciones se convierte en una forma de resistencia y de justicia.
