Ricardo Mejía presentó una solicitud de juicio político contra diputados de Coahuila por desacato judicial, omisión legislativa y criminalización de la protesta social.
Ricardo Mejía presenta juicio político contra diputados de Coahuila
El diputado federal del Partido del Trabajo acusó a integrantes del Congreso estatal de incumplir una resolución judicial, impedir la restitución de Antonio Flores Guerra y omitir la legislación sobre revocación de mandato.
También denunció la criminalización de ciudadanos que participaron en las protestas del 30 de junio y anunció que la resolución electoral local será combatida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una solicitud de juicio político contra diputados de Coahuila, al señalar que integrantes del Congreso del Estado incurrieron en actos y omisiones que vulneran el orden constitucional, el cumplimiento de resoluciones judiciales y el ejercicio de derechos políticos y ciudadanos.
Mediante un mensaje difundido desde la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo informó que la acción legal se sustenta en tres agravios principales: el incumplimiento de una suspensión definitiva relacionada con la restitución del diputado local Antonio Flores Guerra; la negativa a legislar sobre la revocación de mandato; y las acciones emprendidas para criminalizar la protesta social.
Mejía Berdeja sostuvo que las instituciones de Coahuila carecen de independencia frente al gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas y adelantó que continuará promoviendo recursos ante autoridades federales para denunciar lo que considera una ruptura del Estado de derecho.
La presentación del juicio político contra diputados de Coahuila forma parte de una estrategia jurídica más amplia, que también contempla la impugnación de la pasada elección de diputaciones locales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Juicio político contra diputados de Coahuila por desacato judicial
El primer argumento presentado por Ricardo Mejía está relacionado con la situación del diputado local Antonio Flores Guerra, quien fue separado de sus funciones en el Congreso estatal.
De acuerdo con el legislador federal, un juez concedió una suspensión definitiva que ordenó la restitución de Flores Guerra en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, acusó que la mayoría parlamentaria del Congreso de Coahuila se ha negado a cumplir la determinación judicial.
Mejía afirmó que la resistencia del Poder Legislativo local representa un desacato y una violación al orden constitucional, debido a que una mayoría parlamentaria no puede colocarse por encima de una resolución emitida por un órgano del Poder Judicial de la Federación.
El diputado petista recordó que Antonio Flores llegó al Congreso con el respaldo de miles de ciudadanos y señaló que remover a un representante electo no solamente afecta los derechos del legislador, sino también el derecho político de quienes votaron para ser representados por él.
“El Congreso no puede decidir qué resoluciones judiciales cumple y cuáles ignora. Ninguna mayoría parlamentaria está por encima de la Constitución”, fue la posición sostenida por el legislador federal.
Ricardo Mejía responsabilizó políticamente al diputado local y dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, de conducir desde el Congreso la separación de Antonio Flores. El señalamiento fue presentado como parte de la denuncia política del legislador y deberá ser valorado dentro de los procedimientos correspondientes.
El juicio político es un mecanismo constitucional destinado a determinar responsabilidades de servidores públicos cuando sus actos u omisiones afectan intereses públicos fundamentales o el correcto funcionamiento de las instituciones. La solicitud, por sí misma, no implica una resolución condenatoria, sino el inicio de una ruta que deberá analizarse conforme a las disposiciones aplicables.
Congreso de Coahuila omite legislar la revocación de mandato
El segundo motivo del juicio político contra diputados de Coahuila corresponde a la falta de legislación estatal sobre la revocación de mandato del gobernador.
Ricardo Mejía sostuvo que el Congreso local ha incumplido su obligación de incorporar este mecanismo de participación ciudadana al marco jurídico de Coahuila, pese a que la figura está contemplada constitucionalmente.
La revocación de mandato permite que la ciudadanía determine, mediante votación, si una persona titular del Poder Ejecutivo debe concluir anticipadamente su encargo por pérdida de confianza. No se trata de una concesión de los gobiernos ni de los partidos, sino de una herramienta de control democrático.
Para el Partido del Trabajo, la omisión legislativa impide que la población de Coahuila ejerza plenamente un derecho político y mantiene al gobernador fuera de un mecanismo ciudadano de evaluación y rendición de cuentas.
La negativa a legislar cobra especial relevancia en un contexto donde la oposición ha denunciado concentración de poder, falta de independencia institucional y ausencia de contrapesos dentro del estado.
Mejía Berdeja señaló que una democracia no puede limitarse a votar cada determinado número de años. También requiere instrumentos que permitan vigilar, evaluar y, cuando existan las condiciones constitucionales, retirar la confianza a quienes gobiernan.
PT rechaza criminalización de la protesta social
El tercer argumento está relacionado con las protestas realizadas el pasado 30 de junio y con la actuación posterior de la Junta de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso estatal.
Ricardo Mejía denunció que desde el Poder Legislativo de Coahuila se pretende impulsar acciones penales contra ciudadanos que participaron en las manifestaciones, pese a que, sostuvo, ejercían sus derechos constitucionales de libertad de expresión, reunión y protesta.
El legislador afirmó que buscar sancionar penalmente a quienes se inconforman con decisiones gubernamentales representa una forma de criminalización de la protesta social.
La protesta es una vía legítima de participación democrática. Las autoridades pueden investigar conductas concretas cuando existan elementos legales, pero no deben utilizar el sistema penal de manera generalizada para intimidar, silenciar o inhibir la movilización ciudadana.
Ricardo Mejía calificó la actuación del gobierno estatal como parte de un sistema de represión política y policial. También exigió la liberación de personas que el movimiento identifica como presos políticos, entre ellas Tania Flores Guerra.
La protesta no puede tratarse como un delito
El señalamiento adquiere una dimensión social porque los procesos penales no impactan únicamente a dirigentes partidistas. También pueden afectar a trabajadores, jóvenes, activistas y ciudadanos que deciden participar en una manifestación pública.
El PT ha sostenido que el respeto al Estado de derecho exige proteger simultáneamente la seguridad, el orden público y las libertades constitucionales. Utilizar investigaciones penales para inhibir la crítica rompe ese equilibrio y genera un ambiente de temor.
La Cámara de Diputados ha registrado previamente proposiciones de Ricardo Mejía dirigidas a evitar la criminalización de la protesta y la defensa de los derechos laborales de extrabajadores de Altos Hornos de México. Esto muestra que la defensa de la movilización social ha formado parte de su actividad legislativa y no solamente de la coyuntura electoral reciente.
Impugnarán elección de Coahuila ante el TEPJF
Además del juicio político contra diputados de Coahuila, Ricardo Mejía anunció que los equipos jurídicos de la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo impugnarán la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado.
El objetivo será que la controversia sea revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que la autoridad federal determine si las irregularidades denunciadas tienen la gravedad suficiente para modificar o anular los resultados de la elección local.
La jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila se celebró el 7 de junio de 2026, dentro del Proceso Electoral Local 2025-2026 organizado por el Instituto Electoral de Coahuila.
La presentación de un medio de impugnación federal no supone automáticamente la nulidad de la elección. El TEPJF deberá analizar los agravios, pruebas, resoluciones previas y posibles afectaciones a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales.
Los tribunales federales ya han recibido durante el proceso electoral de Coahuila distintos medios de impugnación contra resoluciones del Tribunal Electoral estatal y decisiones del Instituto Electoral local, lo que confirma que la vía federal forma parte del sistema de revisión electoral previsto por la ley.
Ricardo Mejía manifestó su respaldo a Tania Flores Guerra, Leocadio Hernández y trabajadores de Altos Hornos de México que enfrentan procedimientos o conflictos legales que, desde la postura del PT, tienen un componente político.
El legislador aseguró que las acciones legales continuarán ante instancias nacionales, pues considera que dentro de Coahuila no existen condiciones suficientes de independencia institucional para garantizar investigaciones y resoluciones imparciales.
El PT exige respeto a la Constitución y a las libertades
La solicitud de juicio político contra diputados de Coahuila coloca en el centro una pregunta fundamental: ¿puede una mayoría legislativa ignorar resoluciones judiciales, omitir derechos ciudadanos y perseguir penalmente la protesta sin enfrentar responsabilidades?
Para el Partido del Trabajo, la respuesta debe ser contundente. Ningún Congreso, gobierno, mayoría parlamentaria ni dirigente político puede colocarse por encima de la Constitución.
La legalidad no puede utilizarse selectivamente: estricta contra los opositores y flexible para quienes forman parte del poder. El Estado de derecho solamente existe cuando las reglas se aplican a todas las personas e instituciones por igual.
El PT continuará acompañando las acciones jurídicas para exigir la restitución de Antonio Flores Guerra, la incorporación de la revocación de mandato en Coahuila, el respeto a la protesta social y una revisión federal de las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral.
La lucha política entrará ahora en una etapa jurídica e institucional. Los expedientes deberán hablar, las autoridades tendrán que responder y quienes ejercen el poder deberán explicar sus decisiones ante las instancias competentes.
En Coahuila, la mayoría puede controlar el Congreso, pero no puede borrar la Constitución ni silenciar indefinidamente la voluntad ciudadana.
