Juicio de revisión constitucional electoral lleva irregularidades de Coahuila al TEPJF
Morena y el Partido del Trabajo presentaron un juicio de revisión constitucional electoral para controvertir la sentencia mediante la cual el Tribunal Electoral de Coahuila desechó las impugnaciones relacionadas con la pasada elección de diputaciones locales. Ricardo Mejía Berdeja señaló que la lucha continuará hasta lograr instituciones verdaderamente autónomas, imparciales y alejadas de los intereses del poder estatal.
En Coahuila, la defensa del voto todavía no concluye. Mientras las autoridades locales pretenden cerrar el capítulo de la elección del pasado 7 de junio, Morena y el Partido del Trabajo decidieron llevar la controversia ante una instancia federal mediante la presentación de un juicio de revisión constitucional electoral.
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja informó que el recurso fue promovido contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, órgano que desechó los principales medios de impugnación relacionados con los resultados de la elección de diputaciones de mayoría relativa y la asignación de los espacios de representación proporcional.
La resolución del Tribunal local dejó firmes, en esa instancia, los resultados electorales y la distribución de las diputaciones para la siguiente Legislatura. De acuerdo con la información publicada después de la sesión, el órgano jurisdiccional desechó de manera unánime diversos recursos promovidos por partidos políticos y ciudadanos.
Frente a esta determinación, la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo anunció que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar una revisión constitucional de la sentencia.
Juicio de revisión constitucional electoral busca una revisión de fondo
El juicio de revisión constitucional electoral tiene como objetivo que una autoridad jurisdiccional federal examine la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones emitidas por los tribunales electorales estatales.
En este caso, Morena y el PT sostienen que las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral de Coahuila no recibieron una valoración integral y que la sentencia local cerró la puerta al análisis de los elementos presentados por la oposición.
“No vamos a permitir que las irregularidades queden sin revisión ni que las instituciones se conviertan en instrumentos del poder político”, es la postura política que acompaña la nueva etapa de la impugnación.
Ricardo Mejía afirmó que todavía falta mucho para conseguir que las instituciones de Coahuila actúen con verdadera autonomía. El legislador petista ha señalado que diversos organismos estatales carecen de independencia frente al gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas y que, por ese motivo, las acciones jurídicas deben continuar en instancias federales.
En días recientes, Mejía Berdeja también informó que el proceso electoral sería llevado ante el TEPJF y que la pretensión de la oposición es lograr que se revisen las anomalías denunciadas y, en su caso, se determine la nulidad de la elección local.
Por tratarse de una controversia relacionada con la renovación del Congreso de Coahuila, el asunto correspondería a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejerce jurisdicción sobre la segunda circunscripción electoral. El propio TEPJF ha reconocido esta competencia en juicios recientes vinculados con candidaturas a diputaciones locales de Coahuila.
Irregularidades electorales deben investigarse, no archivarse
La elección del 7 de junio de 2026 tuvo como propósito renovar las 25 diputaciones del Congreso del Estado: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. El proceso fue organizado por el Instituto Electoral de Coahuila en coordinación con el Instituto Nacional Electoral.
Después de la jornada electoral, representantes de Morena y del PT denunciaron presuntas prácticas de compra y condicionamiento del voto, intimidación, uso político de instituciones públicas y anomalías en distintas casillas.
Un análisis realizado con datos preliminares identificó por lo menos 30 casillas con registros de participación superiores al cien por ciento de la lista nominal esperada, además de secciones donde se observaron concentraciones atípicas de votos. Sin embargo, estos datos, por sí mismos, no demuestran automáticamente la existencia de un fraude y deben ser revisados mediante los procedimientos legales y técnicos correspondientes.
Precisamente por esa razón, el PT considera que las autoridades electorales deben estudiar el fondo de las denuncias y no limitarse a cerrar los expedientes por criterios procesales.
La exigencia no consiste en sustituir las pruebas por discursos políticos. Se trata de permitir que los elementos presentados sean analizados con exhaustividad, transparencia e independencia, garantizando que cada voto emitido por la ciudadanía tenga el mismo valor.
Cuando una institución electoral desecha una impugnación sin despejar las dudas planteadas por los actores políticos, la consecuencia no solamente afecta a los partidos. También incrementa la desconfianza de las personas que participaron en la jornada y esperan una explicación clara sobre lo ocurrido.
El PT agotará todas las vías legales
Para el Partido del Trabajo, la presentación del juicio de revisión constitucional electoral representa una acción jurídica necesaria para defender la voluntad popular y evitar que las decisiones de las autoridades locales queden fuera del escrutinio constitucional.
El PT ha sostenido que la autonomía institucional no puede reducirse a un principio escrito en las leyes. Debe manifestarse en resoluciones imparciales, investigaciones exhaustivas y autoridades capaces de actuar sin presiones del gobierno en turno.
Ricardo Mejía reiteró que se agotarán todas las vías legales disponibles para combatir las determinaciones que puedan vulnerar los principios de legalidad, certeza, equidad e independencia electoral.
La presentación del recurso no significa que el TEPJF haya determinado la existencia de las irregularidades denunciadas ni que haya ordenado la nulidad de la elección. La autoridad federal deberá recibir el expediente, estudiar los argumentos de las partes y resolver conforme a las pruebas y disposiciones aplicables.
No obstante, la impugnación abre una nueva etapa jurídica y mantiene vigente el debate sobre la actuación de las instituciones electorales de Coahuila.
La democracia no termina cuando cierran las casillas
La democracia tampoco termina cuando se realiza el cómputo de los votos. Continúa en la defensa del derecho ciudadano a contar con elecciones auténticas, autoridades independientes y tribunales que expliquen con claridad cada una de sus decisiones.
Morena y el Partido del Trabajo llevarán sus argumentos ante la justicia electoral federal porque las dudas ciudadanas no deben archivarse ni las irregularidades denunciadas pueden desaparecer mediante una resolución apresurada.
Coahuila necesita instituciones que respondan a la Constitución y no a los intereses de un grupo político. La transformación democrática del estado requiere organización territorial, participación ciudadana y una vigilancia permanente sobre quienes administran y califican las elecciones.
El juicio de revisión constitucional electoral será una nueva prueba para las autoridades federales. El voto de las y los coahuilenses merece una revisión seria, independiente y exhaustiva.
La lucha continúa: por elecciones limpias, por instituciones autónomas y por un Coahuila donde ninguna estructura de poder esté por encima de la voluntad popular.
