El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó y ratificó ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. El legislador del PT atribuyó al magistrado presuntos actos de corrupción, violaciones constitucionales y obstáculos para el acceso a la justicia.
El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, presentó y ratificó una demanda de juicio político contra Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, a quien atribuyó presuntos actos de corrupción, violaciones graves a disposiciones constitucionales y obstáculos en el acceso a la justicia.
De acuerdo con lo expuesto por Mejía Berdeja, uno de los argumentos incorporados al procedimiento está relacionado con la implementación de los nuevos órganos de administración y disciplina judicial en la entidad. El legislador sostiene que su instalación y funcionamiento no se habrían concretado debidamente, situación que, según su señalamiento, habría permitido mantener concentradas atribuciones administrativas y disciplinarias.
La demanda deberá seguir el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, instancia a la que Mejía pidió dar trámite tanto a este expediente como a otros procedimientos de juicio político que ha promovido previamente.
Mejía señala presuntas irregularidades en el Poder Judicial de Coahuila
Entre los planteamientos realizados por el diputado federal se encuentran señalamientos relacionados con presuntos grupos vinculados a despojos inmobiliarios en municipios como Saltillo, Monclova y Torreón, así como cuestionamientos sobre la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Mejía también señaló una presunta participación del magistrado en actividades de carácter partidista, aspecto que incorporó a sus cuestionamientos sobre la independencia con la que, a su juicio, debe conducirse el Poder Judicial estatal.
Las acusaciones formuladas por el legislador forman parte de sus argumentos para solicitar la apertura del procedimiento y deberán ser analizadas por las instancias competentes. La presentación de una demanda de juicio político, por sí misma, no implica que los señalamientos hayan sido acreditados ni constituye una resolución sobre responsabilidad.
Ricardo Mejía sostuvo que su actuación busca que las instituciones competentes revisen los hechos conforme al marco constitucional.
“Creemos en el Estado de Derecho, no es una persecución política; al contrario, nosotros hemos enfrentado la persecución política del gobernador PRI en Coahuila, todos sus actos represivos, corruptos y, en este caso, solo pedimos que se actúe conforme a Derecho, conforme a la Constitución”.
Pide agilizar procedimientos pendientes en la Cámara de Diputados
El legislador informó además que sostuvo una conversación con el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Eduardo Castillo, a quien solicitó agilizar la atención de los procedimientos que permanecen pendientes.
Mejía Berdeja recordó que anteriormente ha promovido acciones de esta naturaleza contra otros funcionarios e integrantes de instituciones estatales, entre ellos el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, así como integrantes de la legislatura local.
Con ello, el diputado busca trasladar al ámbito federal una serie de controversias relacionadas con el funcionamiento de instituciones coahuilenses y que, desde su posición, ameritan una revisión mediante los mecanismos constitucionales disponibles.
El punto central ahora estará en el curso institucional que reciban las solicitudes. Mejía pidió que los expedientes no permanezcan detenidos y que sean atendidos por las instancias legislativas encargadas de determinar su procedencia.
Ricardo Mejía cuestiona situación económica de Coahuila
Durante su posicionamiento, el diputado federal también vinculó sus críticas institucionales con el desempeño económico de la entidad.
Mejía afirmó que la industria de la construcción en Coahuila registró una caída de 25 por ciento y que la actividad manufacturera industrial descendió 9 por ciento, cifras que utilizó para cuestionar la conducción económica del gobierno estatal.
Asimismo, aseguró que no se ha registrado la llegada de nuevas empresas en los términos esperados y acusó al gobierno estatal de utilizar recursos públicos para favorecer a determinados medios de comunicación. Estos señalamientos corresponden a declaraciones del diputado y requieren contrastarse con los indicadores oficiales y la información presupuestaria correspondiente.
“No vamos a quitar el dedo del renglón”, afirmó Mejía al señalar que continuará recurriendo a los mecanismos legales y legislativos que considere pertinentes para cuestionar la actuación de autoridades estatales.
El caso queda en manos de las instancias legislativas
La presentación y ratificación de la demanda abre una nueva vertiente dentro de las acciones promovidas por Ricardo Mejía desde la Cámara de Diputados respecto de la situación política e institucional de Coahuila.
El legislador ha planteado que sus diferencias con las autoridades estatales deben llevarse al terreno jurídico e institucional y resolverse conforme a las disposiciones constitucionales, mientras que corresponderá a las autoridades competentes determinar la procedencia y, en su caso, las consecuencias de los señalamientos presentados.
Para el PT, la exigencia planteada por su diputado federal se centra en que las instituciones estén sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y que ninguna responsabilidad pública quede fuera del escrutinio previsto por la ley.
El desarrollo del procedimiento será determinante para conocer si la demanda avanza hacia las siguientes etapas previstas en el marco jurídico. Mientras tanto, Mejía Berdeja adelantó que continuará solicitando a la Cámara de Diputados atención a los expedientes pendientes relacionados con autoridades de Coahuila.



“Creemos en el Estado de Derecho, no es una persecución política; al contrario, nosotros hemos enfrentado la persecución política del gobernador PRI en Coahuila, todos sus actos represivos, corruptos y, en este caso, solo pedimos que se actúe conforme a Derecho, conforme a la Constitución”.