El diputado federal del Partido del Trabajo advirtió que los archivos dispersos y los trámites opacos abren espacios para la falsificación, el coyotaje y los abusos. Destacó la importancia de contar con sistemas públicos confiables para fortalecer la transparencia y proteger el patrimonio.
Ciudad de México | 29 de septiembre de 2026.
El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, destacó el 29 de septiembre de 2026, en la Cámara de Diputados, la importancia de una nueva Ley Catastral para fortalecer la certeza patrimonial. Durante su intervención, señaló que la dispersión de archivos, la falta de conexión entre registros y la opacidad de los trámites generan condiciones que pueden facilitar falsificaciones y abusos. Su planteamiento vincula la protección de la propiedad con la capacidad de las instituciones para administrar información confiable y ofrecer procedimientos claros. En la publicación que acompaña el video de su participación, el legislador presentó esta discusión como parte del trabajo para dar certeza sobre la propiedad y cerrar la puerta a los despojos. El eje de su mensaje es preventivo: atender las condiciones administrativas que permiten prácticas indebidas antes de que sus consecuencias afecten a la ciudadanía. Desde esa perspectiva, la organización de los documentos y la confiabilidad de los registros adquieren relevancia social, porque forman parte de los mecanismos institucionales mediante los cuales las personas realizan gestiones relacionadas con sus bienes. La discusión coloca así la certeza patrimonial dentro de la agenda de transparencia y prevención de irregularidades.
Archivos dispersos y trámites opacos: espacios para el abuso
Ricardo Mejía identificó cuatro condiciones que requieren atención: archivos dispersos, registros inconexos, trámites opacos y multiplicidad de ventanillas. Según explicó, esa combinación abre espacios para la falsificación, el coyotaje, la discrecionalidad y los abusos. Su advertencia dirige la atención hacia el funcionamiento cotidiano de las instituciones y hacia las dificultades que puede enfrentar una persona cuando necesita verificar información relacionada con una propiedad. Para la ciudadanía, la claridad administrativa permite identificar qué documentos se requieren, qué autoridad interviene y cómo puede darse seguimiento a una gestión. La falta de información comprensible, en cambio, puede aumentar la incertidumbre y favorecer la dependencia de intermediarios. El señalamiento del diputado se concentra en esas condiciones institucionales y en los riesgos que representan; durante la intervención no identifica a una persona responsable ni expone un caso particular de despojo. La preocupación expresada es que las deficiencias en los sistemas de información dejen márgenes para prácticas indebidas. Su planteamiento propone discutir la nueva Ley Catastral desde ese problema: cómo fortalecer la confiabilidad de los procedimientos y reducir oportunidades de abuso. La protección del patrimonio aparece, por tanto, como una cuestión que también exige revisar la calidad de los registros y la claridad con la que operan las autoridades.
Transparencia y certeza patrimonial
“La transparencia también se construye con sistemas públicos confiables”, afirmó Mejía Berdeja al cerrar su intervención. La frase resume una posición que relaciona la información verificable con la prevención de irregularidades. En este enfoque, la transparencia debe reflejarse en registros que puedan consultarse y contrastarse, así como en procedimientos cuyo seguimiento resulte comprensible para las personas. La certeza patrimonial constituye el vínculo entre esa discusión administrativa y la vida cotidiana de las familias: una vivienda o un terreno representan bienes cuya protección requiere instituciones confiables. El legislador del PT destacó la importancia de la nueva Ley Catastral dentro de esa tarea, aunque su intervención difundida no detalla las disposiciones del proyecto ni precisa su etapa legislativa. Su mensaje establece una prioridad concreta: reducir la opacidad que puede facilitar falsificaciones, intermediación abusiva y decisiones discrecionales. Con ello, coloca la discusión catastral en un terreno cercano a la ciudadanía, donde la calidad de la información pública tiene consecuencias sobre la seguridad del patrimonio. El planteamiento de Ricardo Mejía mantiene el foco en la prevención y en la responsabilidad institucional de ofrecer procedimientos claros. Proteger la propiedad exige que los registros inspiren confianza y que las gestiones públicas reduzcan los espacios donde pueden prosperar los abusos.
