El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja lamentó la muerte de la subdirectora de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión y expresó su solidaridad con las personas lesionadas. A partir de los hechos, cuestiona la estrategia estatal de seguridad y pidió ampliar la atención a problemas como narcomenudeo, adicciones, salud mental y violencia contra las mujeres.
Torreón, Coahuila, 1 de octubre de 2026.— El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja lamentó los hechos ocurridos la mañana de este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión de Torreón, donde la subdirectora del plantel perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas.
Los primeros reportes oficiales confirmaron la detención de dos hermanos de 18 años, ambos exalumnos de la secundaria. La Fiscalía General del Estado informó que la agresión fue cometida principalmente con armas blancas y que la investigación continúa para determinar con precisión el móvil. Medios nacionales reportaron inicialmente tres personas lesionadas, aunque otros balances difundidos posteriormente elevaron el número; por ello, la cifra definitiva permanece sujeta a la actualización de las autoridades.
Ante la tragedia, Mejía expresó sus condolencias a la familia de la subdirectora y a la comunidad educativa.
“Mis condolencias para su familia y para toda la comunidad de la Escuela Secundaria General Número 13. También deseamos el pronto restablecimiento de las personas que fueron heridas en estos hechos lamentables, reprobables”, manifestó.
Habitantes intervinieron para someter a los agresores
Uno de los elementos destacados por el legislador fue la reacción de integrantes de la propia comunidad después de la agresión.
Videos difundidos durante el día muestran a habitantes del ejido sometiendo a los dos presuntos responsables antes de entregarlos a las autoridades. Información publicada por distintos medios locales coincide en que vecinos, padres de familia y personas presentes en la zona participaron en su retención.
Mejía retomó este hecho para señalar la participación de la sociedad frente a la emergencia y cuestionar la capacidad preventiva de las instituciones.
“Fue la sociedad civil la que actuó frente a estos hechos”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La Fiscalía, por su parte, señaló que los dos detenidos eran exalumnos y que las primeras investigaciones apuntaban a un conflicto relacionado con el plantel. Hasta la tarde de este jueves, las autoridades no habían informado públicamente de elementos que permitieran vincular el ataque con grupos criminales; la investigación se concentraba en determinar circunstancias personales de los agresores.
Mejía cuestiona el llamado “Modelo Coahuila”
A partir de lo sucedido en Torreón, el diputado del Partido del Trabajo amplió su posicionamiento hacia la política estatal de seguridad.
Mejía calificó como “fallido” el denominado “Modelo Coahuila” y sostuvo que las estadísticas generales sobre incidencia delictiva no deberían ser el único parámetro para evaluar las condiciones de seguridad.
Entre los asuntos que, a su juicio, requieren mayor atención mencionó el narcomenudeo, las adicciones, la violencia familiar, las agresiones contra las mujeres y los problemas de salud mental entre jóvenes.
“El problema del cristal no desaparece porque no se mencione. El narcomenudeo tiene consecuencias sociales, familiares y de salud pública, y debe combatirse con inteligencia, prevención y una estrategia integral”, afirmó.
Las declaraciones sobre una supuesta expansión del tráfico de cristal corresponden al posicionamiento político de Mejía. Hasta ahora, las autoridades que investigan el ataque en la Secundaria 13 no han informado que el consumo o tráfico de esa sustancia haya sido identificado como causa del hecho. La Fiscalía ha señalado de manera preliminar un posible conflicto personal relacionado con los exalumnos y la institución. El Siglo de Torreón
Esta distinción resulta relevante mientras continúan las investigaciones, particularmente porque durante las primeras horas circularon versiones contradictorias sobre armas de fuego, explosivos y las características de los responsables. El fiscal Federico Fernández informó posteriormente que no existían elementos para confirmar el uso de armas de fuego y señaló que se investigaba la utilización de armas blancas y artefactos que produjeron detonaciones.
Seguridad, prevención y salud mental
Mejía sostuvo que la discusión sobre seguridad pública debe incorporar políticas preventivas dirigidas especialmente a niñas, niños y jóvenes.
Desde su perspectiva, las adicciones y los problemas de salud mental requieren atención institucional antes de que deriven en situaciones de violencia, además de coordinación entre autoridades educativas, sanitarias y de seguridad.
“No podemos hablar de una seguridad integral cuando existen problemas de violencia familiar, agresiones contra las mujeres, consumo de drogas y narcomenudeo que están afectando a colonias, barrios y ejidos. Una cosa son los discursos oficiales y otra la realidad que viven las familias”, declaró.
El ataque de este jueves provocó diversas expresiones de solidaridad con la comunidad escolar. La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condenó los hechos y pidió justicia, mientras autoridades estatales y municipales anunciaron acompañamiento para estudiantes, docentes y familias afectadas. El Siglo de Torreón
Pide que las investigaciones determinen responsabilidades
La agresión ocurrida en La Unión permanece bajo investigación ministerial y los dos jóvenes detenidos están a disposición de las autoridades competentes. Será el proceso penal el que determine las responsabilidades individuales y la clasificación jurídica definitiva de los hechos.
En su posicionamiento, Mejía vinculó el caso con una discusión más amplia sobre prevención de la violencia y sostuvo que los hechos deben llevar a revisar las políticas dirigidas a jóvenes, escuelas y comunidades.
El legislador planteó que la respuesta institucional no debería agotarse en operativos posteriores a hechos violentos, sino incorporar prevención de adicciones, atención de salud mental, protección de las mujeres y mecanismos para detectar factores de riesgo en las comunidades.
Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad inmediata se mantiene en la atención de las personas lesionadas, el esclarecimiento de lo ocurrido y el acompañamiento a la comunidad de la Secundaria General Número 13, golpeada por una jornada que dejó una víctima mortal y varios heridos.
